La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) anunció un paro total para este jueves 12 de noviembre, desde las 21 hasta el cierre del servicio, en las seis líneas de subte y el Premetro. La medida de fuerza fue convocada tras el fallecimiento de Oscar Pauer, un trabajador jubilado que, según denunció el sindicato, desarrolló cáncer como consecuencia de más de 32 años de exposición al asbesto en los talleres de la red.
Pauer se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024. También había trabajado en otros talleres de la red. Para los metrodelegados, su muerte constituye una nueva consecuencia de la exposición prolongada a este material cancerígeno, cuya presencia en el subte porteño vienen denunciando desde hace años.
En un comunicado, la organización gremial expresó su «dolor y repudio por una muerte que podría haberse evitado» y responsabilizó a la concesionaria Emova, al Grupo Roggio y a los gobiernos nacional y porteño por lo que calificó como una «verdadera crisis sanitaria bajo tierra».
Según el sindicato, se trata del séptimo trabajador fallecido por enfermedades vinculadas con la exposición al asbesto. Además, denunció que más de 150 trabajadores ya fueron diagnosticados con distintas afecciones de salud relacionadas con el contacto con el mineral.
El reclamo por los trabajadores jubilados
Uno de los principales reclamos de los metrodelegados apunta a la continuidad de los controles médicos una vez que los trabajadores se jubilan.
Actualmente, los empleados expuestos al asbesto cuentan con controles periódicos para detectar posibles enfermedades. Sin embargo, según denuncia la AGTSyP, esa vigilancia médica se interrumpe cuando dejan de trabajar, pese a que las patologías derivadas de la exposición pueden manifestarse muchos años después del contacto con el material.
El gremio advierte que las enfermedades relacionadas con el asbesto pueden tener períodos de latencia de hasta 40 años. Por eso, reclama que los controles médicos se extiendan también a quienes ya se retiraron de la actividad, para detectar tempranamente posibles afecciones y evitar nuevas muertes.
Las exigencias a Emova y al Gobierno porteño
Además de la continuidad de la vigilancia médica, los trabajadores mantienen una serie de demandas para eliminar los riesgos de exposición en toda la red.
Entre los principales reclamos se encuentran:
- El retiro completo del asbesto de las instalaciones y formaciones del subte.
- El reemplazo de las flotas contaminadas.
- La incorporación de todo el personal, tanto activo como jubilado, al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).
- La continuidad de los controles médicos después de la jubilación.
- Una reducción de la jornada laboral para disminuir el tiempo de exposición al material cancerígeno.
El asbesto, también conocido como amianto, está prohibido en Argentina desde 2003 debido a sus graves efectos sobre la salud. Su inhalación puede provocar enfermedades como cáncer de pulmón y mesotelioma, que pueden manifestarse décadas después de la exposición.
La problemática en el subte porteño salió a la luz en 2018, cuando se detectó la presencia del mineral en formaciones CAF 5000 que habían sido adquiridas al Metro de Madrid y posteriormente incorporadas a la línea B. Desde entonces, el conflicto por la contaminación de trenes, talleres e instalaciones se mantiene abierto.
La respuesta de Emova
Tras conocerse el fallecimiento, la concesionaria Emova identificó al trabajador como Oscar Pauer y expresó sus condolencias a familiares y allegados.
La empresa sostuvo que continúa desarrollando un plan integral de desasbestización de trenes e instalaciones fijas, en coordinación con las organizaciones sindicales y las autoridades laborales. También destacó que se realizaron más de 5.000 mediciones de calidad del aire en distintos sectores de la red, cuyos resultados, según afirmó, se mantuvieron dentro de los parámetros establecidos por las normas vigentes.
Sin embargo, estas explicaciones no modificaron el reclamo gremial, que exige acelerar el retiro del material contaminante y garantizar que ningún trabajador quede sin seguimiento médico, incluso después de jubilarse.
El paro de este jueves volverá a poner en evidencia un conflicto que lleva más de ocho años y que acumula denuncias, trabajadores afectados y fallecimientos que el sindicato vincula con la exposición al asbesto.
Mientras continúan las tareas de desasbestización, los metrodelegados insisten en que no alcanza con retirar progresivamente el material de las instalaciones: también es necesario proteger a quienes estuvieron expuestos durante décadas y garantizar que puedan acceder a controles médicos durante toda su vida.