Leonardo Bertulazzi, de 74 años, escapó de su arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo, pese a contar con una tobillera electrónica y custodia policial permanente. El italiano, condenado a 27 años de prisión por la Justicia de su país, esperaba ser extraditado cuando logró burlar los controles y desaparecer. La fuga expuso graves fallas en los mecanismos de vigilancia del Estado y abrió interrogantes sobre la responsabilidad de los organismos encargados de custodiarlo.
El escape ocurrió el martes 10 de noviembre en un departamento ubicado sobre la calle Defensa al 600. Según las primeras reconstrucciones, Bertulazzi utilizó un arnés y cuerdas para descender desde el balcón de un quinto piso hasta un sector lindero, desde donde consiguió llegar a la calle y abandonar el lugar.
La evasión fue advertida durante un cambio de guardia de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), que tenían a su cargo la custodia del inmueble. Cuando los agentes ingresaron al departamento, encontraron la tobillera electrónica, pero el detenido ya había desaparecido.
Las investigaciones posteriores revelaron un detalle llamativo: según las reconstrucciones difundidas por medios periodísticos, Bertulazzi habría utilizado un dispositivo casero con carne de cerdo y un tensiómetro para mantener condiciones que engañaran al sistema de monitoreo electrónico y evitar que se detectara inmediatamente la manipulación del rastreador.
Parte de la secuencia de la fuga también quedó registrada por cámaras de seguridad privadas.
Una recompensa de $20 millones y un operativo de búsqueda
Tras confirmarse la evasión, la jueza federal María Romilda Servini ordenó activar un operativo de búsqueda para localizar al prófugo y dispuso medidas para reconstruir cómo consiguió escapar pese a los controles establecidos.
El Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, anunció una recompensa de $20 millones para quienes aporten información que permita encontrarlo y detenerlo. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 1168/2026.
Quienes tengan datos sobre su paradero pueden comunicarse con la línea gratuita 134. El Gobierno informó que se preservará la identidad de las personas que colaboren con la investigación.
En paralelo, las autoridades buscan determinar si Bertulazzi recibió ayuda para preparar la fuga y si existieron fallas o incumplimientos en los procedimientos de vigilancia. También deberán establecerse las responsabilidades de los efectivos y de los organismos que supervisaban el funcionamiento de la tobillera electrónica.
Quién es Leonardo Bertulazzi y por qué lo reclamaba Italia
Bertulazzi integró la columna de Génova de las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que protagonizó secuestros, atentados y asesinatos en Italia durante las décadas de 1970 y 1980, en el período conocido como los años de plomo.
La Justicia italiana lo condenó a una pena unificada de 27 años de prisión por su pertenencia a la organización y su participación en el secuestro del empresario industrial Pietro Costa, ocurrido en enero de 1977. La víctima permaneció cautiva durante más de dos meses y fue liberada luego del pago de un rescate.
Su nombre también quedó vinculado con la estructura logística de las Brigadas Rojas que intervino en el secuestro del ex primer ministro italiano Aldo Moro, perpetrado en marzo de 1978. Sin embargo, Bertulazzi no participó directamente de ese operativo, ya que para entonces se encontraba detenido.
Dos décadas de protección como refugiado político
La historia judicial de Bertulazzi en Argentina comenzó en 2002, cuando llegó al país y fue detenido a pedido de las autoridades italianas. Sin embargo, recuperó la libertad y en 2004 obtuvo el reconocimiento como refugiado político, condición que le permitió permanecer en territorio argentino durante años e impidió que avanzara su extradición.
La situación cambió en agosto de 2024, durante el gobierno de Javier Milei, cuando se revocó su estatus de refugiado y fue detenido nuevamente. Desde entonces permanecía bajo arresto domiciliario mientras se desarrollaba el procedimiento para concretar su entrega a Italia.
En julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente el pedido de extradición. Pese a ello, Bertulazzi continuó en su domicilio bajo vigilancia mientras se resolvían las últimas instancias del proceso.
Ahora, su fuga vuelve a poner el caso en el centro de la escena judicial y política.
Un fracaso de los controles del Estado
La evasión de un ciudadano requerido internacionalmente por la Justicia italiana, condenado a 27 años de prisión y sometido a vigilancia policial y electrónica, representa un episodio de extrema gravedad.
Más allá de la búsqueda del prófugo, la investigación deberá determinar cómo pudo preparar y ejecutar una fuga de estas características sin ser detectado, qué controles fallaron y quiénes deben responder por lo sucedido.
El caso deja expuesta una situación difícil de explicar: el Estado argentino tenía bajo custodia a una persona cuya extradición había sido avalada por la Corte Suprema, pero no consiguió garantizar que permaneciera detenida hasta concretar su entrega a la Justicia italiana.