El policía federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso por haber rociado con gas pimienta a Fabrizia Pegoraro, una nena de 10 años, y a su madre durante una movilización en defensa de los jubilados frente al Congreso, en septiembre de 2024. El juez federal Daniel Rafecas también dispuso su inhabilitación para ejercer funciones policiales durante dos años y seis meses.
El fallo representa un duro revés para el discurso oficial que, después de la represión, había negado que efectivos de las fuerzas de seguridad hubieran gaseado a la menor e incluso responsabilizado a su madre por llevarla a una manifestación.
La sentencia fue dictada este miércoles, luego de un juicio correccional que comenzó y terminó durante la misma jornada. Rivaldi fue encontrado responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 17 de noviembre.
La condena fue celebrada por el abogado Gregorio Dalbón, representante de la niña y su madre, quien anticipó que avanzará judicialmente contra la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su segunda en la cartera, Alejandra Monteoliva, por el accionar posterior al episodio.
«Esta es la primera condena por la represión del gobierno de Milei, y no va a ser la última», sostuvo el letrado. También cuestionó que durante más de dos años el Gobierno negara lo sucedido y difundiera explicaciones que buscaban responsabilizar a terceros.
Cómo fue el ataque a la nena
El episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2024, durante una movilización de jubilados y organizaciones sociales frente al Congreso, en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.
En medio del operativo de las fuerzas federales para despejar las calles, Fabrizia y su madre, Carla Mariana Pegoraro, estaban sentadas sobre la avenida Rivadavia, de espaldas a los efectivos policiales y sin ofrecer resistencia.
En ese contexto, Rivaldi, integrante de la Policía Federal Argentina, las roció directamente con gas pimienta a corta distancia. Ambas resultaron afectadas y la niña debió ser trasladada al Hospital Santa Lucía, donde recibió atención médica y fue diagnosticada con conjuntivitis química.
Durante el juicio, la acusación sostuvo que el efectivo actuó de manera desmedida e injustificada contra dos personas que no representaban ninguna amenaza ni estaban enfrentándose con las fuerzas de seguridad.
El fiscal Eduardo Taiano señaló que las imágenes del operativo permitían identificar a la menor y que el policía tenía el visor del casco parcialmente levantado, lo que ampliaba su campo visual. También cuestionó que su accionar no respetara las normas que regulan el uso racional de la fuerza y establecen cuidados especiales ante la presencia de niños, niñas y adultos mayores.
La defensa de Rivaldi sostuvo que el efectivo no había advertido la presencia de la nena y planteó que el gas irritante podría haber sido arrojado por una tercera persona. Sin embargo, las imágenes y las pericias incorporadas a la causa respaldaron la acusación.
La fiscalía había solicitado una pena de un año y seis meses de prisión, mientras que la querella reclamó un año y ocho meses. Finalmente, Rafecas impuso un año y tres meses de prisión en suspenso, además de la inhabilitación especial por el doble de ese período.
Bullrich culpó a la madre y negó que la Policía hubiera gaseado a la nena
La condena también vuelve a poner en discusión las declaraciones que realizaron las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad después del episodio.
En aquel momento, Patricia Bullrich defendió el operativo y responsabilizó a Carla Pegoraro por haber llevado a su hija a la movilización. «La responsabilidad de llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas es responsabilidad de esta madre irresponsable», había escrito la entonces ministra.
Bullrich también sostuvo públicamente que ningún efectivo había gaseado a la menor, pese a que posteriormente se difundieron imágenes en las que se observa a Rivaldi apuntando el aerosol contra la mujer y su hija.
Por su parte, Alejandra Monteoliva, quien entonces se desempeñaba como secretaria de Seguridad y actualmente está al frente de esa cartera, respaldó otra explicación oficial que atribuía el ataque a una mujer vestida de naranja, identificada como una supuesta manifestante.
La querella denunció que esa versión estuvo acompañada por la difusión de un video editado que buscaba desviar la responsabilidad de las fuerzas federales.
Tras conocerse la sentencia, Dalbón apuntó directamente contra ambas funcionarias: «Patricia Bullrich miró a la cámara y le dijo al país que nadie había gaseado a una nena. Alejandra Monteoliva salió por los canales a sostener un video falso que le echaba la culpa a una manifestante».
Y adelantó: «Ahora vamos por Bullrich y por Monteoliva. La condena de hoy es el piso, no el techo. El que apretó el gas ya fue condenado. Faltan las que dieron la orden y las que armaron la mentira».
Una condena por la represión de las protestas
El caso se convirtió en un antecedente judicial de relevancia para las denuncias por violencia institucional durante las movilizaciones contra las políticas del gobierno de Javier Milei.
El 11 de septiembre de 2024, la protesta frente al Congreso había reunido a jubilados, sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas que rechazaban el veto presidencial a la ley de movilidad previsional. El operativo policial terminó con escenas de represión y utilización de gases irritantes contra los manifestantes.
La normativa que regula el accionar de las fuerzas federales establece que los efectivos deben utilizar la mínima fuerza necesaria y prestar especial atención ante la presencia de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
En el caso de Fabrizia, la Justicia encontró penalmente responsable al policía que la roció con gas pimienta junto a su madre, pese a que ambas estaban sentadas y no representaban una amenaza para los efectivos.
La condena abre ahora una nueva etapa judicial: además de las responsabilidades penales establecidas para Rivaldi, la querella anticipó que buscará investigar el papel de las autoridades políticas que defendieron el operativo y sostuvieron versiones que quedaron cuestionadas por las pruebas del expediente.