La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma a la Ley de Glaciares desató una reacción inmediata de organizaciones ambientalistas, que lanzaron una demanda colectiva de alcance nacional para intentar frenar su aplicación. La iniciativa apunta a que la Justicia declare la inconstitucionalidad de los cambios y convoca a ciudadanos de todo el país a sumarse a lo que ya califican como una de las mayores acciones judiciales en defensa del agua.
En las últimas horas, entidades como Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace confirmaron que avanzarán con una estrategia judicial conjunta tras la sanción del proyecto, que obtuvo 137 votos a favor en Diputados. Según sostienen, la reforma implica un retroceso en la protección de reservas clave de agua dulce y vulnera el derecho constitucional a un ambiente sano, especialmente en un escenario atravesado por la crisis climática.
El nuevo marco normativo introduce cambios sensibles respecto de la ley vigente desde 2010. Entre ellos, flexibiliza las restricciones a actividades extractivas y de infraestructura en zonas glaciares y periglaciares, redefine los criterios del Inventario Nacional de Glaciares —lo que podría dejar fuera a cuerpos de hielo más pequeños— y otorga mayor margen a las provincias para habilitar proyectos mineros, siempre bajo evaluación de impacto ambiental. Para las organizaciones impulsoras, estos puntos ponen en riesgo el equilibrio hídrico de amplias regiones del país y contradicen el principio de no regresividad ambiental.
Desde el espacio convocante remarcan que el respaldo ciudadano será clave para sostener la presentación judicial. “La ciudadanía será protagonista de esta lucha”, señalaron, en alusión a un debate legislativo que, según denuncian, avanzó sin escuchar las advertencias de sectores científicos y sociales. La adhesión a la demanda es abierta y no implica obligaciones legales, pero busca construir volumen político y social para presionar a los tribunales.
El conflicto se inscribe en un clima de fuerte polarización. Mientras el oficialismo y varios gobernadores de provincias con actividad minera defienden la reforma bajo el argumento de promover inversiones y fortalecer el federalismo, crecen las advertencias de especialistas y asambleas ciudadanas sobre el impacto en las fuentes de agua que abastecen a millones de personas.
En paralelo, otras acciones judiciales comenzaron a tomar forma. El gobierno de La Pampa, junto a la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones locales, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal de Santa Rosa para suspender la aplicación de la norma en todo el país, argumentando que podría afectar el caudal de ríos alimentados por el deshielo cordillerano.
La ofensiva judicial impulsada por FARN, la Asociación de Abogados Ambientalistas y Greenpeace no solo busca frenar la reforma, sino también sentar un precedente en la defensa legal de los bienes comunes. Con miles de adhesiones en sus primeras horas, la iniciativa anticipa un nuevo frente de conflicto que traslada la disputa del Congreso a los tribunales, donde se definirá si los cambios en la ley resisten el test constitucional o profundizan una crisis ambiental cada vez más visible.