Un informe de la Universidad de Buenos Aires encendió nuevas alarmas sobre el costo de vida en el Área Metropolitana: alquilar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se disparó un 423% desde diciembre de 2023, más del doble del 209% de inflación acumulada en el mismo período. El estudio posiciona a la vivienda como el principal factor de presión sobre los ingresos familiares, en un contexto donde el discurso oficial insiste en destacar la desaceleración del índice general.
El trabajo, elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, analizó la evolución de precios durante los últimos 26 meses y detectó fuertes desequilibrios entre distintos rubros. Lejos de reflejar una realidad homogénea, el promedio inflacionario oculta subas mucho más agresivas en sectores clave para la vida cotidiana.
En ese sentido, el rubro “Vivienda, servicios vinculados y combustibles” lidera ampliamente los aumentos, con una suba cercana al 400%, es decir, 191 puntos porcentuales por encima del índice general. Dentro de ese grupo, los alquileres treparon un 423%, el agua un 366%, la electricidad un 370% y el gas natural se disparó un 766%, consolidándose como uno de los incrementos más extremos del período.
El informe remarca que esta disparidad implica una transformación profunda en la estructura del gasto: mientras algunos servicios esenciales se multiplicaron varias veces, otros productos de consumo masivo registraron variaciones mucho más moderadas. Así, detrás del número global de inflación se esconde una realidad desigual, donde el impacto depende cada vez más del tipo de consumo de cada hogar.
Los datos confirman que vivienda y servicios públicos se convirtieron en los principales motores del encarecimiento del costo de vida. En contraste, rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 182%, el equipamiento del hogar un 128% y la indumentaria un 106%, todos por debajo del promedio. Incluso sectores con subas significativas, como comunicaciones (321%), educación (279%) y transporte (255%), quedaron lejos del impacto registrado en los alquileres.
Este fenómeno no puede desligarse de los cambios regulatorios implementados a fines de 2023. El gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023, habilitando la libre negociación entre propietarios e inquilinos. Si bien la medida generó un incremento inicial en la oferta —con un salto del 62% en la cantidad de departamentos disponibles en enero de 2024—, ese movimiento no se tradujo en un alivio inmediato en los precios.
Por el contrario, tras la desregulación se registró un aumento récord del 21% mensual en enero de 2024, el más alto desde que existen registros privados. Con el correr de los meses, esa dinámica mostró cierta moderación en términos reales, pero sin revertir el problema de fondo: el acceso a la vivienda sigue deteriorándose frente a ingresos que no acompañan.
El estudio también advierte sobre las consecuencias de este proceso en el consumo general. El peso creciente de los alquileres y las tarifas obliga a las familias a resignar gastos en otros rubros, generando un cambio estructural en los patrones de consumo. En la práctica, cada vez más ingresos se destinan a sostener servicios básicos, reduciendo el margen para otras necesidades.
Así, mientras el Gobierno pone el foco en la desaceleración del índice inflacionario, los datos muestran otra cara de la realidad: para quienes alquilan, el ajuste no se detuvo. El costo del techo propio —lejos de estabilizarse— se convirtió en el principal factor de asfixia económica, profundizando una crisis habitacional que, por ahora, no encuentra señales claras de alivio.