En medio de las crecientes denuncias por atrasos y suspensión de prestaciones, la Justicia federal ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación regularizar en un plazo máximo de 72 horas los pagos vinculados al sistema de atención para personas con discapacidad. La medida fue dictada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, en el marco de un amparo colectivo que denunciaba la interrupción de tratamientos y prestaciones esenciales en todo el país.
La resolución, de alcance nacional, alcanza especialmente al programa Incluir Salud y advierte sobre un “riesgo inminente” para miles de beneficiarios que dependen de la continuidad de terapias, medicamentos y asistencia médica.
El fallo surgió a partir de una presentación impulsada por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba. La acción judicial se inició por la situación de un beneficiario de pensión no contributiva cuyo tratamiento había quedado comprometido debido a la falta de pagos. A la demanda se sumaron distintas instituciones vinculadas al sector de discapacidad, entre ellas Asociación Apadim Córdoba y Pequeño Cottolengo Don Orione, además de centros terapéuticos que alertaron sobre la imposibilidad de sostener las prestaciones frente a la demora en la acreditación de fondos.
En los fundamentos de la cautelar, el magistrado sostuvo que las “demoras crónicas” y la interrupción en la provisión de medicamentos y tratamientos representan una amenaza directa para personas en situación de alta vulnerabilidad.
“La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica”, señaló el juez en la resolución, donde además cuestionó al Estado nacional por intentar “evadir o dilatar sus obligaciones constitucionales de protección integral”.
El expediente también expuso el fuerte impacto económico que atraviesan las instituciones prestadoras. Uno de los casos citados fue el del Pequeño Cottolengo Don Orione, que debió afrontar más de 41,5 millones de pesos en intereses por deudas previsionales generadas tras los atrasos en las transferencias correspondientes a los primeros meses de 2026.
La medida cautelar tendrá vigencia durante seis meses o hasta que exista una sentencia definitiva. Además, el juez advirtió que cualquier incumplimiento podrá derivar en sanciones legales contra los organismos responsables.
El fallo se produce en el marco de la vigencia de la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026, aunque su implementación quedó condicionada a la asignación de partidas presupuestarias.
Tras conocerse la resolución, Marta Lastra celebró la decisión judicial aunque manifestó dudas sobre el cumplimiento efectivo de la orden. La letrada sostuvo que existe la posibilidad de nuevas apelaciones para demorar la ejecución y denunció que “hay un ataque por parte del Poder Ejecutivo hacia la discapacidad”, en referencia a las políticas de ajuste y al retraso en los pagos que el sector viene denunciando desde hace meses.
La tensión alrededor del financiamiento del sistema de discapacidad se profundizó en las últimas semanas con movilizaciones de familiares, prestadores y organizaciones frente al Ministerio de Economía. Allí denunciaron atrasos que, en algunos casos, se arrastran desde fines del año pasado y advirtieron que la continuidad de numerosos tratamientos y servicios se encuentra seriamente comprometida.
Ahora, con el plazo judicial ya en marcha, la atención se concentra en la respuesta que adopten el PAMI y el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones. La resolución de Vaca Narvaja marca un nuevo capítulo en el conflicto por el financiamiento del sistema de discapacidad y vuelve a poner bajo presión al Gobierno nacional por el cumplimiento de derechos básicos de uno de los sectores más vulnerables.