El jefe de Gobierno porteño defendió desde España el arresto de tres referentes sindicales del subte y lanzó duras acusaciones contra los trabajadores. El conflicto se originó por la suspensión de un empleado y las denuncias gremiales por tercerización ilegal.
La tensión en el subte porteño escaló este martes luego de un operativo de la Policía de la Ciudad que terminó con la detención de los dirigentes sindicales Claudio Dellecarbonara, Néstor Segovia y Facundo Heredia. Lejos de cuestionar el procedimiento policial o promover una instancia de diálogo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, salió a respaldar los arrestos y calificó de «extorsionadores mafiosos» a los trabajadores.
El conflicto comenzó alrededor de las 7 de la mañana en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, donde los metrodelegados realizaban una apertura de molinetes como medida de protesta por la suspensión de un compañero, que consideran arbitraria. La intervención policial se produjo cuando los efectivos intentaron detener al delegado Sebastián Carrizo, lo que motivó la intervención de Dellecarbonara y Heredia. Finalmente, los tres dirigentes terminaron detenidos y fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación Norte, en Chacarita.
El operativo estuvo a cargo de la División Subtes de la Policía de la Ciudad, luego de una consulta a la Unidad Fiscal Norte, encabezada por Natalia Pla. La actuación policial fue repudiada por distintos sectores sindicales y dirigentes políticos, que denunciaron un nuevo avance contra la organización gremial y el derecho a manifestarse.
Un conflicto que va más allá de la apertura de molinetes
La protesta no surgió de manera aislada. La AGTSyP había denunciado la presencia de empresas tercerizadas realizando tareas correspondientes al personal de mantenimiento del subte, una situación que el sindicato considera contraria al convenio colectivo de trabajo y que, según sostiene, implica una forma de contratación ilegal.
A ese reclamo se sumó la suspensión de un trabajador, que los representantes gremiales calificaron de arbitraria. La apertura de molinetes fue la medida elegida para visibilizar el conflicto sin impedir el acceso de los pasajeros al servicio.
Tras las detenciones, el sindicato advirtió que no habría servicio hasta que sus compañeros recuperaran la libertad y exigió el cese de lo que calificó como una política represiva contra los trabajadores.
Jorge Macri endureció el discurso y avaló el accionar policial
Desde España, donde se encontraba realizando una visita oficial, Jorge Macri utilizó sus redes sociales para justificar el procedimiento y lanzar una serie de descalificaciones contra los representantes sindicales.
«Lo que la Justicia ordena se cumple», sostuvo el mandatario, quien además aseguró que no permitiría «extorsiones mafiosas» y advirtió que «el que bloquea un servicio esencial va preso».
En otro tramo de su mensaje, fue todavía más agresivo: afirmó que no iba a permitir que los detenidos «le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis».
Las declaraciones del jefe de Gobierno no hicieron más que profundizar la confrontación. En lugar de abordar las denuncias por tercerización, las condiciones laborales y la suspensión del trabajador, Macri optó por deslegitimar los reclamos y presentar a los dirigentes sindicales como responsables de una supuesta extorsión.
El servicio esencial como argumento para limitar la protesta
Detrás del conflicto aparece también la decisión del Gobierno porteño de declarar esencial el servicio de subterráneos en junio pasado. Esa condición es ahora uno de los argumentos utilizados por la administración de Macri para justificar su postura frente a las medidas de fuerza.
Sin embargo, la declaración de esencialidad no elimina los derechos constitucionales de los trabajadores ni habilita, por sí sola, cualquier intervención contra quienes participan de una protesta sindical. La discusión sobre cómo garantizar el funcionamiento del transporte debe contemplar también el derecho a huelga, la libertad sindical y la posibilidad de reclamar frente a decisiones empresariales o gubernamentales.
El episodio deja un interrogante preocupante: ¿hasta dónde está dispuesto a avanzar el Gobierno porteño para disciplinar los reclamos de los trabajadores?
Mientras Jorge Macri celebra las detenciones y utiliza un discurso de confrontación, las denuncias gremiales sobre tercerización y persecución laboral siguen sin encontrar una respuesta política de fondo. Una vez más, la gestión porteña parece priorizar la respuesta policial y judicial por encima del diálogo y la resolución de los conflictos laborales.