Claudio Dellecarbonara, Néstor Segovia y Facundo Heredia fueron detenidos por la Policía de la Ciudad durante una medida gremial en la Línea B. Los trabajadores no habían paralizado el servicio: abrieron los molinetes para que los pasajeros viajaran sin pagar. La interrupción total del subte llegó después, en respuesta a las detenciones.
Una protesta sindical que permitía a los pasajeros utilizar el subte sin pagar terminó con tres representantes gremiales detenidos y una paralización total de la red. El episodio, ocurrido este martes en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B, volvió a poner en el centro de la escena la política de seguridad del Gobierno porteño de Jorge Macri y el accionar de la Policía de la Ciudad frente a los reclamos de los trabajadores.
Claudio Dellecarbonara, integrante del secretariado ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), el delegado Facundo Heredia y el dirigente Néstor Segovia fueron detenidos durante el operativo policial. La medida de fuerza que se desarrollaba en ese momento consistía en la apertura de molinetes, una modalidad de protesta que permite el ingreso gratuito de los usuarios sin impedir la circulación de los trenes.
El dato es fundamental: los delegados no habían interrumpido el funcionamiento del servicio cuando comenzó el operativo policial. La protesta consistía en liberar los accesos, no en dejar a los pasajeros sin transporte.
Abrir los molinetes no es bloquear el subte
El conflicto se originó luego de que la empresa sancionara a un trabajador de la Línea B que, según la versión difundida por los metrodelegados, se había negado a continuar trabajando fuera de su horario legal de seis horas diarias.
Frente a esa sanción y a la falta de respuestas que denuncia el sindicato, los trabajadores realizaron una apertura de molinetes en la estación cabecera Juan Manuel de Rosas, en Villa Urquiza.
La medida buscaba visibilizar el reclamo y permitir que los usuarios viajaran gratuitamente. Lejos de impedir el acceso al transporte público, los molinetes abiertos facilitaban el ingreso de los pasajeros.
Sin embargo, la intervención de la Policía de la Ciudad derivó en un enfrentamiento y en las detenciones. Según la crónica de La Izquierda Diario, los efectivos se presentaron en los vestuarios del personal para identificar y detener a otro delegado, Sebastián Carrizo. Dellecarbonara y Heredia intervinieron ante ese procedimiento y terminaron detenidos. Posteriormente, también fue arrestado Segovia.
El episodio plantea un interrogante que el Gobierno porteño debe responder: ¿por qué una medida de protesta que no impedía viajar terminó con dirigentes sindicales detenidos y toda la red de subterráneos paralizada?
Jorge Macri eligió hablar de «extorsión» y «mafias»
Lejos de llamar a la calma o explicar las circunstancias del operativo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó las detenciones con un mensaje en el que calificó la protesta de «extorsión» y afirmó: «El que bloquea un servicio esencial va preso».
El mandatario también acusó a los dirigentes de perjudicar a millones de personas para defender sus propios intereses. Sin embargo, esa caracterización omite un dato decisivo: cuando comenzó la intervención policial, los trabajadores estaban abriendo los molinetes y permitiendo viajar gratis.
Equiparar esa modalidad de protesta con el bloqueo del servicio desdibuja lo ocurrido en la estación y desplaza la discusión desde el conflicto laboral hacia la criminalización de quienes reclaman.
Macri tiene la responsabilidad política de explicar por qué su Gobierno respalda un operativo que terminó con tres dirigentes detenidos en medio de una protesta gremial. La defensa genérica del «orden» no alcanza para despejar las dudas sobre la proporcionalidad de la intervención policial ni sobre el tratamiento que reciben los trabajadores organizados.
La cuestión no es si el transporte público resulta esencial para la población —su importancia es indiscutible—, sino si esa condición puede utilizarse para deslegitimar cualquier reclamo sindical, incluso cuando la modalidad elegida no impide que los pasajeros viajen.
La Policía intervino y el conflicto escaló
Las detenciones transformaron una protesta que permitía circular gratuitamente en un conflicto de alcance metropolitano. Tras los arrestos, la organización sindical anunció la interrupción total del servicio de subterráneos y Premetro hasta que sus compañeros recuperaran la libertad.
Así, el paro general de la red no fue la medida que los delegados estaban llevando adelante cuando llegaron los efectivos: fue la respuesta gremial posterior a las detenciones.
La distinción importa porque la secuencia de los hechos no puede invertirse para presentar a los trabajadores como responsables de una interrupción que todavía no se había producido cuando comenzó el operativo.
La Policía de la Ciudad deberá dar cuenta de su actuación y de las circunstancias de las detenciones. La existencia de una intervención judicial, invocada por las autoridades, tampoco elimina la necesidad de examinar cómo se ejecutó el procedimiento ni si la respuesta estatal fue proporcional a la situación.
Un conflicto laboral que termina pagando la sociedad
La disputa comenzó por una sanción aplicada a un trabajador y por las condiciones de su jornada laboral. La falta de una solución al conflicto, sumada a la intervención policial, terminó trasladando el problema a miles de pasajeros que dependen diariamente del subte para trabajar, estudiar o realizar sus actividades.
La responsabilidad por esa escalada no puede analizarse ignorando lo que ocurrió primero. Antes de la paralización total hubo una protesta con molinetes abiertos; después llegaron las detenciones y, como respuesta, el paro de toda la red.
El Gobierno porteño puede cuestionar una medida gremial o defender la continuidad del servicio, pero debe explicar por qué su respuesta fue respaldar las detenciones y utilizar un discurso que presenta a los representantes sindicales como mafiosos y extorsionadores.
Cuando una protesta que permite viajar gratis termina con trabajadores detenidos y una red entera paralizada, el problema excede una discusión sobre el transporte: pone en juego el derecho a reclamar, la libertad de organización sindical y los límites de la intervención policial.
La defensa del servicio público no puede convertirse en una excusa para criminalizar a quienes reclaman por sus condiciones laborales. Y el discurso del orden pierde credibilidad cuando omite la secuencia de los hechos que condujeron al conflicto.