La polémica en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo frente judicial luego de que salieran a la luz detalles sobre el costo y la emisión de los pasajes aéreos utilizados en su regreso desde Nueva York junto a su esposa, Bettina Angeletti. La documentación ya incorporada a la causa vuelve a poner en discusión el uso de recursos públicos en viajes oficiales, en un contexto donde el Gobierno insiste con un discurso de ajuste y austeridad.
De acuerdo con los registros enviados a la Justicia, los vuelos corresponden al trayecto Nueva York–Buenos Aires del 14 de marzo, tras la participación de la delegación argentina en la denominada “Argentina Week 2026”. Ambos viajaron en primera clase, en el mismo avión y sin escalas, aunque con diferencias en los servicios contratados, como el equipaje despachado en el caso de Angeletti.
Los números no pasan desapercibidos: el pasaje de Adorni rondó los 4.900 dólares, mientras que el de su esposa superó los 5.100, lo que eleva el total por encima de los USD 10.000. Además, uno de los tickets aparece vinculado a un dominio oficial de la Jefatura de Gabinete, un dato que refuerza las sospechas sobre una posible utilización de fondos estatales para financiar al menos parte del traslado.
Desde el entorno del funcionario aseguran que el pasaje de Angeletti fue pagado de manera privada, mientras que el de Adorni habría sido cubierto por el Estado en el marco de su participación en la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei. Sin embargo, la fiscalía intenta establecer con precisión el origen de los fondos y, especialmente, si existieron irregularidades en la inclusión de su esposa en el viaje.
El episodio no es aislado. Se da en medio de crecientes cuestionamientos hacia el funcionario por su nivel de gastos y el uso de recursos públicos, con especial foco en viajes oficiales y la presencia de familiares sin un rol institucional claro. Distintas revelaciones recientes y presentaciones judiciales ya habían puesto en duda la coherencia entre las decisiones administrativas y el discurso oficial.
La controversia también tiene impacto político: la utilización de servicios premium, como vuelos en primera clase, y la eventual participación de familiares en giras oficiales contrastan con la narrativa de recorte del gasto que promueve el Gobierno nacional. Este tipo de situaciones no solo alimenta las críticas de la oposición, sino que también genera ruido dentro del propio espacio oficialista.
Mientras tanto, la Justicia avanza en la reconstrucción del circuito administrativo y financiero que permitió la emisión de los pasajes. El objetivo es determinar si se trató de un gasto debidamente justificado o de un uso indebido de fondos públicos. El desenlace de la investigación podría tener consecuencias tanto judiciales como políticas en un caso que ya se convirtió en un nuevo foco de tensión para el Gobierno.