El transporte público en el AMBA atraviesa un deterioro cada vez más evidente: empresas de colectivos comenzaron a recortar hasta un 30% de sus servicios, en una medida que golpea de lleno a millones de usuarios que dependen a diario del sistema.
Detrás de la decisión hay un combo explosivo, pero con un factor central: la falta de actualización de los subsidios por parte del Gobierno, en un contexto de fuerte suba del gasoil y de los costos operativos. Con ingresos congelados y gastos en alza, las empresas aseguran que sostener la misma cantidad de unidades en la calle se volvió inviable.
Lejos de tratarse de un ajuste menor, el recorte alcanza a numerosas líneas clave tanto en la Ciudad como en el conurbano, afectando recorridos esenciales para trabajadores y estudiantes. El impacto ya se siente con claridad: mayores tiempos de espera, unidades saturadas y paradas colapsadas, especialmente en horarios pico.
La situación expone una contradicción cada vez más evidente: mientras el Gobierno sostiene un esquema de ajuste fiscal, evita actualizar los subsidios al transporte, trasladando el costo directamente a los usuarios a través de un servicio más deficiente.
Las empresas, por su parte, advierten que el sistema está al límite y que, sin una recomposición urgente, los recortes podrían profundizarse. Sin embargo, hasta ahora no hubo señales concretas de respuesta oficial.
En este contexto, la reducción de frecuencias no aparece como un problema aislado, sino como otra consecuencia de una política económica que impacta de lleno en la vida cotidiana, deteriorando un servicio esencial y dejando a millones de pasajeros cada vez más desprotegidos.