Clarín cierra su histórica planta de impresión y terceriza la producción para avanzar sobre los convenios colectivos, destruir puestos de trabajo y profundizar la precarización laboral.
El Grupo Clarín decidió cerrar su planta gráfica y trasladar la impresión de los diarios Clarín y Olé a un establecimiento externo, una medida que representa un nuevo ataque contra los derechos laborales conquistados por los trabajadores de prensa y gráficos. Lejos de responder a una necesidad productiva, la tercerización aparece como una estrategia para abaratar costos mediante el deterioro de las condiciones de trabajo y el debilitamiento de la organización sindical.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunciaron que la empresa impidió el ingreso de los trabajadores a la planta con presencia policial, mientras evitó emitir cualquier comunicación oficial sobre el cierre. La única respuesta de la patronal fue convocar a los empleados a las oficinas de Recursos Humanos para “acordar” una salida, en un contexto marcado por la incertidumbre y la presión sobre quienes ven amenazada su fuente de trabajo.
“Tras más de 80 años de historia y trayectoria gráfica, la empresa tomó la decisión unilateral de tercerizar por primera vez la impresión de sus productos, poniendo en riesgo directo el sustento de decenas de familias trabajadoras”, señalaron desde SiPreBA. Además, denunciaron que AGEA S.A. busca reducir costos mediante un esquema que califican como fraude laboral.
Según el comunicado firmado por el sindicato y la Comisión Interna de AGEA/Zepita, la producción fue trasladada a ColorPress, en Avellaneda, donde denuncian que una parte importante del personal trabaja en condiciones precarias y sin registrar. “Trasladaron nuestra producción a un taller externo donde la mayoría de los trabajadores se encuentran precarizados y sin registrar, destruyendo los derechos conquistados en los convenios colectivos”, afirmaron.
La maniobra no sólo implica el vaciamiento de una planta con décadas de historia. También constituye un precedente peligroso: uno de los grupos económicos y mediáticos más poderosos del país utiliza la tercerización para desprenderse de trabajadores bajo convenio y reemplazarlos por empleo más barato y con menos derechos. Mientras desde sus páginas suele reclamar el cumplimiento de las leyes y las instituciones, puertas adentro avanza sobre las conquistas laborales de sus propios empleados, en un caso que los trabajadores denuncian como un intento de desmantelar la negociación colectiva.
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Ante esta situación, SiPreBA exigió el cese inmediato del vaciamiento de la planta, el respeto irrestricto de la legislación laboral y de los convenios colectivos, la garantía de continuidad de los puestos de trabajo y la intervención urgente de las autoridades laborales y judiciales para impedir los despidos. Asimismo, declaró el estado de alerta y asamblea permanente.
El cierre de la planta de impresión de Clarín no es un hecho aislado. Se inscribe en una ofensiva más amplia contra los derechos laborales, en la que grandes empresas aprovechan un contexto político favorable para flexibilizar las relaciones de trabajo, reducir salarios, debilitar la organización sindical y avanzar sobre conquistas históricas. La reciente reforma laboral profundizó ese escenario, otorgando mayores herramientas a las patronales para precarizar el empleo y trasladar el costo de la crisis a quienes viven de su trabajo.
Lo que hoy ocurre en Clarín excede a una empresa y a un gremio. Es un nuevo capítulo de una disputa de fondo entre quienes buscan maximizar sus ganancias recortando derechos y quienes defienden el trabajo registrado, los convenios colectivos y la organización sindical como pilares de una sociedad con mayor justicia social.