Los residentes del complejo Estación Buenos Aires estallaron de bronca al ver una retroexcavadora trabajando en el lugar mientras ellos siguen sin poder ingresar a sus viviendas. Más de 300 familias permanecen afectadas y reclaman respuestas urgentes.
Momentos de fuerte tensión se vivieron en el barrio porteño de Parque Patricios cuando vecinos del complejo Estación Buenos Aires intentaron ingresar a sus departamentos para evitar que una retroexcavadora removiera los escombros del derrumbe ocurrido el martes pasado. La situación derivó en un enfrentamiento con efectivos de la Policía de la Ciudad, que buscaron impedirles el acceso.
Durante el episodio, uno de los vecinos fue golpeado y retenido por agentes policiales luego de intentar pasar el vallado. El hombre fue reducido durante algunos segundos y posteriormente liberado. Los damnificados exigen que la fiscal a cargo de la investigación se presente en el lugar para supervisar las tareas.
De acuerdo con el testimonio de los residentes, la Fiscalía había dispuesto que no ingresaran maquinarias al predio hasta avanzar con las pericias correspondientes. Sin embargo, una retroexcavadora comenzó a operar en la zona del derrumbe, lo que generó indignación entre los vecinos, quienes desde el martes solo pudieron entrar a sus viviendas durante unos pocos minutos.
“Tiene que venir la fiscal para proteger una escena donde una constructora pudo haber ahorrado materiales, diseñado mal o ejecutado mal una obra. Como consecuencia se aplastaron 65 autos y hoy hay más de 300 familias en la calle”, expresó un vecino en declaraciones televisivas.
Desde el Gobierno de la Ciudad indicaron que la empresa constructora se presentó en el lugar con el objetivo de realizar tareas de apuntalamiento de los edificios, con autorización de la administración del complejo. Según explicaron, durante la jornada se llevó a cabo un reconocimiento del área afectada y la empresa Constructora Sudamericana S.A. (Cosud) inició trabajos con una retroexcavadora para retirar material derrumbado y comenzar el refuerzo estructural mediante sistemas tubulares.
Cerca del mediodía, un grupo de vecinos comenzó a concentrarse detrás del vallado policial instalado en la esquina de Miravé y Mafalda. Allí reclamaron la presencia de la fiscal María del Rosario Selvatici, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31. Entre gritos y golpes contra las vallas, los manifestantes repetían: “Que venga la fiscal”.
La tensión escaló cuando uno de los residentes intentó atravesar el operativo de seguridad y fue interceptado por tres policías, quienes lo tiraron al suelo y lo inmovilizaron por algunos segundos. La escena fue registrada por distintos medios de comunicación. Tras el incidente, el hombre se mostró visiblemente afectado y apenas pudo decir: “No puedo ni hablar”.
Luego de los hechos, el Gobierno porteño difundió un comunicado en el que sostuvo que el día anterior había informado sobre las tareas que se realizarían durante la mañana. Esos trabajos forman parte de un plan de acción presentado por Cosud para abordar la emergencia.
El plan contempla realizar apuntalamientos estructurales en la zona afectada, avanzar con una demolición controlada en sectores no comprometidos, retirar los escombros generados por el derrumbe y efectuar un análisis técnico de la estructura del complejo.
Las autoridades también señalaron que la constructora contrató a un ingeniero estructuralista que ya realizó una primera inspección para evaluar el estado del edificio y planificar las intervenciones necesarias.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad informó que gestionó ante el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad la suspensión del débito automático de las cuotas de los créditos hipotecarios de los propietarios afectados. En cuanto al pago de expensas, señalaron que se solicitó la paralización del cobro, aunque todavía no hubo una respuesta formal.
Desde el derrumbe, la mayoría de los vecinos fueron alojados en hoteles de la Ciudad por disposición del gobierno porteño, mientras que otros optaron por quedarse en casas de familiares o amigos. Sin embargo, la incertidumbre crece entre los damnificados. “Evidentemente esto va para largo. Necesitamos que alguien nos diga qué va a pasar y dónde vamos a vivir”, planteó otra vecina.
Ante la falta de definiciones, los residentes convocaron a una movilización hacia la sede del Gobierno de la Ciudad, ubicada en Uspallata 3160, para exigir explicaciones tanto a las autoridades como a la empresa Cosud S.A., responsable de la construcción del complejo habitacional.