La medida alcanza tanto a colegios públicos como privados. Los teléfonos no podrán utilizarse durante las clases y cada institución definirá si estarán permitidos durante los recreos.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la prohibición del uso de celulares durante las clases en el nivel secundario, una medida que alcanzará tanto a estudiantes como a docentes en establecimientos públicos y privados. La decisión busca reducir distracciones en el aula y mejorar las condiciones de aprendizaje.
Según pudo constatar FM Trance, la normativa establece que los teléfonos móviles solo podrán utilizarse en situaciones puntuales vinculadas a actividades pedagógicas y en espacios específicos equipados con computadoras. Fuera de esos casos, el acceso a los dispositivos quedará restringido durante el horario de clases.
De acuerdo con la resolución, cualquier actividad educativa que requiera herramientas digitales deberá realizarse con equipos provistos por la propia institución y siempre bajo supervisión de los docentes.
Esta disposición profundiza la regulación implementada por el gobierno de Jorge Macri en agosto de 2024. En aquel momento se establecieron limitaciones al uso de celulares en las escuelas, especialmente en los niveles inicial y primario, donde actualmente la prohibición se extiende a toda la jornada escolar e incluye también otros dispositivos digitales, incluso durante recreos, en el comedor o en espacios comunes.
La normativa contempla excepciones en situaciones particulares, como casos de discapacidad, problemas de salud o necesidades específicas de apoyo educativo.
“El celular en la escuela es una máquina de distracción y no ayuda a que los chicos aprendan. Es un problema serio que tenemos y asumimos la responsabilidad de encontrarle una solución”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “El objetivo del aula es aprender y como gobierno tenemos que garantizar que los docentes puedan recuperar la atención de los alumnos. El celular no es una herramienta imprescindible dentro de la clase”, agregó.
Según datos relevados tras un año de aplicación de las primeras restricciones, se registraron cambios en la dinámica escolar. Siete de cada diez estudiantes de primaria y seis de cada diez de secundaria afirmaron que prestan más atención en clase y consideran que aprenden mejor. Además, más de la mitad indicó que aumentó la interacción con sus compañeros y coincidió en que la limitación del uso del celular no generó mayor aburrimiento en el aula.
Los docentes y directivos que participaron de los relevamientos también señalaron una disminución de interrupciones durante las clases y menos llamados de atención, junto con un incremento en la interacción cara a cara entre los estudiantes.
“Fuimos pioneros en Argentina y en América Latina al prohibir el uso de celulares en nivel inicial y primario y regularlo en secundaria. Ahora, con evidencia concreta, decidimos avanzar un paso más y declarar aulas libres de celulares”, explicó la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.
“La escuela tiene que ser un espacio de atención, de vínculo y de aprendizaje. No estamos en contra de la tecnología, sino a favor de usarla con sentido pedagógico. Nuestra responsabilidad es cuidar el bienestar digital de los chicos. Ordenar su uso es una decisión educativa, no disciplinaria”, añadió la funcionaria.
La medida también se apoya en distintos estudios que reflejan la magnitud del fenómeno: el 94% de los estudiantes de secundaria lleva su celular todos los días a la escuela y cinco de cada diez reconocen que les gustaría reducir su uso, aunque aseguran que no logran hacerlo.
Los análisis también indican que la distracción digital se asocia negativamente con el rendimiento escolar, mientras que el uso principal de los teléfonos en el ámbito educativo suele estar vinculado al entretenimiento o a las redes sociales, más que a tareas académicas.
Para implementar la normativa, cada escuela secundaria deberá elaborar su propio reglamento interno. Las instituciones tendrán que definir cómo se guardarán los dispositivos durante la jornada, comunicar las nuevas reglas a toda la comunidad educativa y elevarlas a las autoridades de supervisión.
Además, se reforzará el rol del Facilitador Pedagógico Digital (FPD), quien actuará como referente institucional en materia de protección digital infantil y adolescente, con tareas tanto preventivas como formativas.