La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo de alta tensión en el Congreso: al menos siete activistas de Greenpeace fueron detenidos tras realizar una protesta contra el proyecto impulsado por el oficialismo.
La manifestación se llevó a cabo frente al edificio legislativo, donde los ambientalistas desplegaron carteles y realizaron una acción directa para visibilizar su rechazo a una iniciativa que, según denuncian, reduce la protección de áreas clave para el agua y habilita intereses extractivos en zonas sensibles.
El operativo policial no tardó en desplegarse y terminó con detenciones, en un accionar que vuelve a poner en el centro del debate el uso de la fuerza frente a protestas sociales.
La protesta se da en un contexto marcado por el avance de una reforma que ya cuenta con media sanción y que propone achicar el alcance de las áreas protegidas, limitándolas únicamente a aquellas con “función hídrica comprobable”, lo que fue duramente cuestionado por organizaciones ambientalistas y sectores científicos.
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Diputados: no traicionen a los argentinos¡La Ley de Glaciares no se toca! pic.twitter.com/Liv0fv89Z5
— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) April 8, 2026
Detrás del conflicto hay mucho más que una manifestación puntual: lo que está en juego es el futuro de una ley clave para la preservación de reservas estratégicas de agua, en medio de un modelo que prioriza el desarrollo de inversiones —principalmente mineras— por sobre la protección ambiental.
En ese marco, la rápida intervención policial y las detenciones generan interrogantes sobre la respuesta del Estado frente a quienes cuestionan una reforma que podría tener consecuencias irreversibles. Lejos de abrir canales de diálogo, la escena en el Congreso mostró una vez más un clima de creciente confrontación, donde la protesta social es respondida con medidas represivas mientras avanza una agenda altamente controvertida.