Con un cronograma acelerado, el oficialismo busca dictaminar y convertir en ley la reforma de la normativa de glaciares en apenas 48 horas. La movida, impulsada por La Libertad Avanza, reaviva el choque entre la promesa de inversiones mineras y las advertencias por el impacto sobre reservas estratégicas de agua.
La Cámara de Diputados entra así en una instancia decisiva tras la media sanción obtenida en el Senado el pasado 26 de febrero. El proyecto de modificación de la Ley 26.639 será tratado este martes en un plenario de comisiones, con la intención de firmar dictamen ese mismo día y llevarlo al recinto el miércoles para su aprobación definitiva. La estrategia es clara: acelerar tiempos y evitar que la iniciativa pierda impulso en medio de un clima político cada vez más tenso.
Detrás de esta ofensiva aparecen las gestiones de los diputados José Peluc y Nicolás Mayoraz, quienes buscan garantizar los apoyos necesarios para avanzar sin sobresaltos. Desde el oficialismo sostienen que la reforma es clave para dar previsibilidad jurídica y atraer inversiones, especialmente en sectores como el cobre y el oro, considerados estratégicos para la generación de divisas.
El núcleo del proyecto apunta a redefinir qué áreas quedan bajo protección, en particular en el ambiente periglacial. Según sus impulsores, entre ellos la diputada Fernanda Ávila, la ley vigente impone restricciones excesivas y no distingue adecuadamente entre formaciones de hielo relevantes como reservas hídricas y otras geoformas de menor impacto. La modificación permitiría, según este enfoque, habilitar estudios más precisos antes de prohibir actividades productivas.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencias crecientes. Gobernadores de provincias mineras como Marcelo Orrego y Raúl Jalil respaldan la flexibilización, pero otros mandatarios se mantienen en alerta. El pampeano Sergio Ziliotto se posicionó como una de las voces más críticas, advirtiendo que cualquier alteración en las nacientes cordilleranas puede afectar el caudal de ríos que abastecen a amplias regiones del país.
A estas objeciones se suman organizaciones ambientalistas y sectores académicos, que alertan sobre un posible debilitamiento de la protección de los glaciares y cuestionan el rol que tendría el sistema científico en la nueva normativa. Según estos sectores, la reforma podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas que hoy funcionan como reservas clave de agua dulce.
El desafío para el oficialismo será asegurar el respaldo de los bloques dialoguistas en un contexto político atravesado por otras disputas. Mientras el Gobierno busca consolidar una mayoría similar a la que obtuvo en el Senado, la oposición intenta capitalizar el debate para introducir sus propios reclamos y condicionar el avance del proyecto.
Si el plan se concreta, Argentina podría tener en cuestión de días una nueva ley que redefine el equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico. Un cambio de alto impacto que, lejos de cerrar la discusión, promete profundizarla.