La Libertad Avanza (LLA) debió postergar hasta el próximo 6 de agosto el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros y agiliza los desalojos. Aunque el oficialismo logró abrir la sesión para aprobar pliegos judiciales y diplomáticos, no reunió los votos necesarios para sancionar la ley y optó por pasar a un cuarto intermedio antes de exponerse a una derrota.
El pedido fue realizado por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y aprobado por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. De este modo, la discusión sobre la iniciativa quedó diferida para el 6 de agosto, cuando el Senado retomará la sesión.
Según pudo saber El Destape, en las horas previas al debate los bloques aliados hicieron llegar una serie de objeciones al texto, que ya acumulaba 15 versiones distintas. Desde la Unión Cívica Radical reconocieron que “hay algunos senadores que no están de acuerdo” con la redacción final.
Las principales diferencias pasaban por dos puntos. El primero era incorporar un mecanismo de doble aprobación entre la Nación y la provincia donde se ubique el inmueble antes de autorizar la venta a personas o empresas extranjeras, eliminando además la figura del silencio administrativo. El segundo buscaba reconocer la potestad de las provincias para fijar sus propios límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
En el oficialismo consideraban que esa modificación desnaturalizaba el proyecto. “No tiene sentido”, resumió una fuente libertaria, al sostener que la regulación de los territorios provinciales ya está contemplada en la Constitución y en la legislación vigente.
La Casa Rosada rechazó introducir esos cambios. La decisión fue atribuida al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, principal impulsor de la iniciativa. Cerca de Bullrich señalaron que el funcionario le comunicó durante la mañana que el Ejecutivo no aceptaría ninguna modificación porque eso obligaría al presidente Javier Milei a vetar parcialmente una ley aprobada por el Congreso.
Aun así, la senadora decidió abrir la sesión para exhibir que el oficialismo conservaba el quórum, pese a las tensiones internas y a los “mensajes subidos de tono” que, según distintas fuentes, marcaron la previa del debate.
La referencia apuntaba al cruce por WhatsApp que mantuvieron Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tanto desde el entorno de la jefa del bloque oficialista como de la titular del Senado aseguraron que ambas no volvieron a comunicarse tras ese intercambio.
En el oficialismo también reconocían que las ausencias terminaron de complicar el panorama. “Faltaron tres, que en el Senado es un abismo”, admitió un senador libertario. Entre quienes no participaron estuvieron Carlos “Camau” Espínola, Edith Terenzi y Andrea Cristina, estas dos últimas del interbloque Impulso País, que justificaron su ausencia por motivos personales.
“Estábamos jugando al límite con los votos. Esos tres daban tranquilidad por si alguno se confundía o cambiaba de posición”, agregaron desde la bancada oficialista.
Pliegos judiciales, diplomáticos y una ley para Tucumán
Más allá de la postergación del proyecto sobre tierras, el Senado avanzó con el resto del temario impulsado por el oficialismo. La Cámara alta aprobó 29 pliegos para jueces, camaristas y defensores, además de seis designaciones diplomáticas propuestas por la Cancillería, estas últimas con el respaldo unánime de los 67 senadores presentes.
La mayoría de los pliegos judiciales obtuvo 65 votos afirmativos y solo dos rechazos, correspondientes a los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano.
El caso más ajustado fue el del juez Víctor Pesino, cuya continuidad como vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fue ratificada por 35 votos contra 32. La aprobación le permitirá permanecer cinco años más en el cargo, pese a haber alcanzado la edad de 75 años.
El interbloque de Unión por la Patria rechazó su designación al cuestionar algunos de sus fallos. “Actúa de acuerdo con las necesidades del Gobierno. No le tenemos confianza, ni la sociedad, ni los abogados ni los litigantes”, sostuvo el senador Mariano Recalde.
Bullrich salió en defensa del magistrado y cuestionó que se pretenda evaluar a un juez por el contenido de sus sentencias. “Los jueces no pueden ser removidos por sus fallos”, afirmó, antes de preguntarse por qué se judicializa una ley “que fue votada por las dos Cámaras”.
Por último, el Senado otorgó media sanción, por unanimidad, al proyecto que declara a la provincia de Tucumán como capital simbólica de la Nación cada 9 de Julio, en conmemoración del Día de la Independencia.
“Es un acto de unión de todos los argentinos”, afirmó la senadora Sandra Mariela Mendoza, autora de la iniciativa junto a su comprovinciana Beatriz Ávila, quien destacó que la propuesta busca reconocer “a muchas generaciones de tucumanos”.