La Cámara Federal de San Martín revocó la medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a mantener los pagos del programa Volver al Trabajo, despejando el camino para su finalización definitiva en agosto.
La decisión afecta a más de 900.000 beneficiarios en todo el país, que dejarán de percibir una prestación mensual de entre $78.000 y $80.000, y habilita al Ejecutivo a avanzar con un nuevo esquema basado en vouchers de capacitación laboral. La resolución provocó un inmediato rechazo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que anunció un plan de protestas.
El fallo fue firmado por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, quienes dejaron sin efecto la resolución del Juzgado Federal de Campana que había ordenado al Ministerio de Capital Humano continuar con las transferencias mientras se resolvía el fondo de la causa.
Los camaristas sostuvieron que el programa tenía una duración máxima de dos años y que, por lo tanto, sus beneficiarios no cuentan con un derecho adquirido a su continuidad. Además, consideraron que las medidas cautelares no pueden condicionar el diseño de las políticas públicas del Poder Ejecutivo y que mantener los pagos implicaba anticipar una decisión favorable a los demandantes antes de una sentencia definitiva.
Con este fallo, el Gobierno recuperó el control sobre la implementación de su política social y quedó habilitado para cerrar el programa a partir de agosto.
La interrupción de los pagos dejará sin ese ingreso a cientos de miles de trabajadores de la economía popular que utilizaban la prestación como complemento para afrontar gastos esenciales. El monto permanecía congelado desde 2023, cuando la administración de Javier Milei transfirió la gestión de estos programas al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.
Como reemplazo, el Gobierno impulsa el programa Formando Capital Humano, que sustituirá las transferencias directas por un sistema de vouchers destinados a financiar capacitaciones laborales. Los recursos serán canalizados hacia empresas, centros de formación y organizaciones que dicten cursos orientados a mejorar la inserción en el mercado de trabajo. Parte del presupuesto también se destinará a financiar la extensión de la jornada escolar en escuelas primarias de sectores vulnerables.
Desde el Ejecutivo argumentan que Volver al Trabajo fue concebido como un programa de duración limitada y que su continuidad por orden judicial representaba una intromisión en las facultades del Gobierno para definir la política social.
La UTEP repudió la decisión judicial y advirtió sobre el impacto que tendrá en los sectores más vulnerables. “La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera”, expresó la organización en un comunicado.
Además, calificó el fallo como “un golpe criminal contra quienes sostienen la economía popular” y confirmó un plan de movilizaciones que incluirá su participación en la marcha de jubilados del 22 de julio, una jornada nacional de protesta el 7 de agosto y nuevas acciones para exigir la restitución del beneficio.