El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, optó por no declarar en su indagatoria en el marco de una causa que investiga un presunto fraude millonario al Estado. Es el primero de los 35 imputados convocados por la Justicia en esta nueva etapa del expediente.
La causa por presuntas maniobras de corrupción dentro de la ANDIS entró este martes en una fase clave con el inicio de una ronda de indagatorias que se extenderá hasta fines de mayo. Spagnuolo, exfuncionario cercano al presidente Javier Milei y ya procesado en el expediente, se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, pero eligió el silencio. Permaneció apenas media hora en Comodoro Py y se retiró sin dar explicaciones sobre las acusaciones que lo comprometen.
La investigación, impulsada por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, describe un esquema de corrupción estructural dentro del organismo. Según el dictamen, durante casi dos años se habría montado un sistema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo y medicamentos de baja incidencia (PACBI), con un perjuicio estimado en al menos 75.478 millones de pesos. La operatoria, de acuerdo a la acusación, consistía en simular competencia entre empresas vinculadas entre sí y con funcionarios, garantizando adjudicaciones sin licitaciones reales. El juez Ariel Lijo fue contundente al definir el mecanismo como “compulsas de precios direccionadas y cartelizadas”.
En paralelo, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes de todos los implicados, tanto personas físicas como jurídicas, con el objetivo de evitar maniobras de vaciamiento patrimonial. La medida revela la gravedad de las sospechas: la Justicia presume la existencia de intentos por ocultar o desviar activos provenientes de las operaciones bajo investigación.
El expediente se originó en agosto del año pasado, tras la difusión de audios comprometedores en un canal de streaming. En esas grabaciones, Spagnuolo —quien también se desempeñó como abogado de Milei— aparece presuntamente negociando retornos económicos con proveedores a cambio de facilitar contratos estatales. A partir de ese material se realizaron múltiples allanamientos, incluyendo oficinas de la ANDIS y de la droguería Suizo Argentina. La defensa del exfuncionario sostiene que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial, aunque la Justicia ya ordenó pericias para determinar su autenticidad.
En esta nueva etapa, la investigación apunta a un circuito aún más amplio vinculado a la compra de equipamiento médico de alto costo, como sillas de ruedas, camas ortopédicas e implantes auditivos. Según los fiscales, la ANDIS habría funcionado como una verdadera “ventanilla de pagos” para beneficiar a un entramado de empresarios y exdirectivos alineados con la gestión. Daniel Garbellini, ex número dos del organismo, también se presentó ante la Justicia y, al igual que Spagnuolo, se negó a responder preguntas.
El cronograma continuará con la declaración de otros imputados, entre ellos el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como el principal operador de la trama y actualmente detenido en Ezeiza. La ronda de indagatorias se extenderá hasta el 26 de mayo e involucra tanto a exfuncionarios como a empresarios que habrían participado en las contrataciones irregulares. Mientras tanto, la Cámara Federal deberá resolver si confirma los procesamientos dictados en la etapa previa.
En medio del avance judicial, el gobierno de Javier Milei intenta despegarse de un escándalo que golpea de lleno su discurso anticorrupción. Sin embargo, la cercanía de algunos de los implicados con el oficialismo pone en tensión ese relato. En Comodoro Py, la expectativa ahora está puesta en las próximas indagatorias, mientras los fiscales buscan determinar la magnitud real del daño al Estado y las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.