Como cada miércoles, un grupo de jubilados volvió a concentrarse este 13 de agosto frente al Congreso de la Nación para protestar contra el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un aumento para las jubilaciones. Una vez más, la respuesta del Gobierno fue un fuerte operativo de seguridad desplegado por el Ministerio de Seguridad, que incluyó efectivos, vallados y móviles bloqueando accesos clave, con el consiguiente caos de tránsito en la zona.
La jornada dejó como saldo la detención de dos fotógrafas de ATE, Camila Luciana Rey y Jazmín Orellana. Según testigos, ambas estaban realizando su labor periodística cuando fueron arrestadas sin justificación. “No estaban haciendo nada. Las agarraron y las detuvieron”, relató una testigo a C5N. Las imágenes transmitidas por canales de televisión mostraron a las reporteras tiradas boca abajo, reducidas por la policía, antes de ser subidas a un camión y trasladadas a la Alcaidía 4, en Zavaleta 425.
Entre gases lacrimógenos, chorros de agua a presión, balas de goma y empujones, los jubilados intentaron una vez más hacerse oír. “Venimos todos los miércoles y lo único que recibimos es represión. Soluciones no tuvimos ninguna. Ayer hicieron un asado en Olivos mientras en el PAMI dan turnos recién para dentro de 4 meses. Mi exesposa tiene ELA y el PAMI le niega la kinesiología a domicilio”, denunció un manifestante ante las cámaras.
Las escenas de violencia se repiten semana tras semana. “Hay veces que no tengo para comer”, confesó a Crónica TV un jubilado de 88 años.
La represión también alcanza a trabajadores de prensa: este miércoles fueron Rey y Orellana, pero no es un hecho aislado. Pablo Grillo, reportero herido por un disparo de un gendarme el 12 de marzo, aún se somete a intervenciones quirúrgicas para recuperar parte de su vida cotidiana.