Tras el escándalo por las reiteradas fugas de presos, la Legislatura porteña avanza en el tratamiento de dos proyectos clave del jefe de Gobierno, Jorge Macri: la creación de un sistema penitenciario propio para la Ciudad y una nueva Ley de Ejecución Penal.
El debate se dio en un plenario conjunto de las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales, con la participación de funcionarios, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. La meta es dotar a la Ciudad de un marco legal y operativo para administrar sus propios establecimientos carcelarios, un paso que Macri considera esencial para fortalecer la autonomía porteña.
Desde el Ejecutivo porteño expusieron los subsecretarios Leandro Halperín y Adrián Patricio Grassi, mientras que referentes del ámbito judicial como Marta Monclús Masó (Observatorio de Cárceles Federales), Gabriela Gusis (investigadora en Derecho Penal) y Carla Cavalieri (vicepresidenta de la Cámara de Casación, Apelación Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas) aportaron miradas críticas sobre el proyecto. También participaron Eduardo Villalba, de la Justicia nacional, y representantes de ONG como el CELS y la Asociación de Pensamiento Penal.
Los expositores coincidieron en la necesidad de una ley precisa que evite arbitrariedades judiciales y garantice un enfoque centrado en la resocialización, la capacitación laboral y la reducción de la reincidencia. Se discutieron medidas como la implementación de políticas postpenitenciarias, la oralidad para agilizar procesos, el uso limitado del encierro y la búsqueda de alternativas a la prisión.
El contenido del proyecto
Presentado en marzo, el texto propone crear el Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una institución civil armada, jerarquizada y auxiliar permanente de la Justicia, integrada al Sistema Integral de Seguridad Pública. Su función sería custodiar y resguardar a detenidos, imputados y condenados alojados en cárceles porteñas, garantizando —según indica el propio proyecto— que “el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la Ley” y logre su reinserción social.
El servicio dependerá del Ministerio de Justicia de CABA y contará con el Instituto Superior de Seguridad Pública como organismo de formación y capacitación continua. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos es que habilita la participación de empresas privadas en la construcción y administración de cárceles, bajo autorización y control del Ejecutivo local.
Críticos del proyecto advierten que esta apertura a la gestión privada podría derivar en un modelo penitenciario orientado más a la rentabilidad que a la reinserción, replicando experiencias fallidas en otros países.