La iniciativa libertaria obtuvo 32 votos afirmativos y el respaldo del macrismo. La norma habilita la apertura de determinados comercios sin inspección previa y establece que algunos trámites podrán considerarse aprobados si el Gobierno porteño no responde dentro de los plazos previstos. El acuerdo se dio en la misma sesión en la que La Libertad Avanza acompañó el endeudamiento impulsado por Jorge Macri.
La alianza legislativa entre el PRO y La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta en la Legislatura porteña. El jueves 29 de octubre, ambos espacios reunieron los votos necesarios para aprobar la denominada Ley de Libertad Comercial, una iniciativa impulsada por el bloque libertario que busca simplificar los trámites para desarrollar actividades económicas en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto fue aprobado con 32 votos afirmativos y 22 negativos, según el recuento informado por Nueva Ciudad. La norma introduce cambios en el sistema de habilitaciones comerciales y permite que determinadas actividades consideradas de bajo riesgo comiencen a funcionar sin una inspección estatal previa.
El argumento de sus impulsores es conocido: reducir la burocracia y facilitar la actividad privada. Sin embargo, el cambio también modifica el momento en que interviene el Estado, que deberá realizar controles posteriores en lugar de verificar previamente las condiciones del establecimiento.
La votación volvió a mostrar la coincidencia política entre el oficialismo porteño y el espacio de Javier Milei, que encontraron en la Legislatura un terreno fértil para negociar y respaldar sus respectivas iniciativas.
Un intercambio de apoyos entre el macrismo y los libertarios
La aprobación de la ley no puede analizarse de manera aislada. Durante la misma sesión, La Libertad Avanza acompañó el proyecto del Gobierno de Jorge Macri para autorizar la emisión de títulos de deuda por hasta 600.000 millones de pesos, una iniciativa que obtuvo 37 votos afirmativos y 18 negativos.
A cambio, el PRO respaldó la propuesta libertaria de libertad comercial, que consiguió los votos necesarios para avanzar.
El episodio volvió a exhibir la sintonía entre dos fuerzas que, pese a sus diferencias y disputas electorales, mantienen acuerdos concretos cuando sus agendas legislativas coinciden.
Mientras el macrismo consiguió respaldo para ampliar sus herramientas de financiamiento, los libertarios avanzaron con una de sus principales banderas: reducir las intervenciones administrativas del Estado sobre la actividad económica.
La oposición cuestionó el endeudamiento y advirtió sobre las dificultades financieras de la gestión porteña. El legislador Matías Barroetaveña vinculó la necesidad de recurrir a nuevos bonos con el deterioro de la recaudación y la situación económica. Claudia Neira, por su parte, cuestionó que se otorgaran herramientas financieras al Ejecutivo sin mayores garantías sobre el destino de los recursos.
Comercios abiertos sin inspección previa
Uno de los principales cambios de la Ley de Libertad Comercial es la posibilidad de que las actividades consideradas de bajo riesgo comiencen a funcionar mediante la presentación de una declaración jurada y la documentación correspondiente, sin necesidad de superar una inspección antes de abrir sus puertas.
El régimen contempla una constancia provisoria y establece que la primera inspección deberá realizarse dentro de los 180 días. Si el Gobierno porteño no concreta ese control dentro del plazo por razones ajenas al comerciante, la habilitación provisoria pasará a ser definitiva, según el esquema previsto en la norma.
La iniciativa también crea una Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas y un Legajo Digital Único asociado al CUIT o CUIL, con el objetivo de centralizar los trámites y evitar que los contribuyentes deban presentar reiteradamente documentación que ya está en poder de la Administración.
El alcance de los cambios dependerá de las actividades comprendidas, las excepciones previstas y la reglamentación correspondiente. En cualquier caso, la eliminación de la inspección previa para determinados rubros traslada parte de la fiscalización a una etapa posterior al inicio de la actividad.
Ese cambio vuelve relevante la capacidad efectiva del Estado porteño para realizar controles oportunos y detectar incumplimientos que puedan afectar a trabajadores, consumidores o vecinos.
El silencio administrativo positivo, otro punto de controversia
La agenda libertaria también incorpora el mecanismo de silencio administrativo positivo, según el cual determinados trámites pueden considerarse aprobados cuando la Administración no emite una respuesta dentro del plazo establecido.
La idea es evitar que la falta de respuesta de un organismo público paralice indefinidamente una actividad económica. Sin embargo, el mecanismo abre interrogantes sobre las consecuencias de considerar aprobado un procedimiento sin una resolución administrativa expresa.
Durante el debate, la legisladora Graciana Peñafort cuestionó este criterio y advirtió sobre el riesgo de que la ausencia de una decisión fundada termine trasladando los conflictos a la Justicia.
La discusión excede la velocidad de los trámites. También involucra la capacidad de la Administración para evaluar solicitudes, fundamentar sus decisiones y garantizar que el cumplimiento de los requisitos legales no quede reducido a una formalidad.
El desafío será determinar cómo se aplicará el mecanismo, qué procedimientos estarán alcanzados y qué resguardos existirán cuando una demora administrativa pueda comprometer intereses públicos.
La agenda de Milei avanza en la Ciudad
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Pilar Ramírez, celebró la aprobación y agradeció especialmente el acompañamiento de los legisladores del PRO.
La dirigente defendió la iniciativa como una herramienta para eliminar trabas burocráticas y facilitar la actividad de quienes trabajan e invierten en Buenos Aires.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también celebró la votación. En sus redes sociales sostuvo que había ganado la libertad y cuestionó a quienes se opusieron al proyecto.
Pero detrás de los festejos oficiales queda planteada una discusión central: hasta dónde debe llegar la simplificación administrativa y qué controles deben mantenerse para proteger el interés público.
La reducción de trámites puede beneficiar a comerciantes y emprendedores, pero no elimina la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de las normas. La cuestión es si el Gobierno porteño contará con los recursos y la capacidad operativa necesarios para realizar inspecciones posteriores de manera efectiva.
Por ahora, el dato político es concreto: el PRO y La Libertad Avanza volvieron a coordinar sus votos en la Legislatura. Mientras el macrismo consiguió respaldo para emitir nueva deuda, los libertarios lograron avanzar con una reforma que modifica las condiciones de habilitación y control de determinadas actividades comerciales.
La ley deberá completar los pasos correspondientes para su entrada en vigencia, incluida su reglamentación. Su implementación permitirá evaluar si la simplificación prometida agiliza efectivamente la actividad económica sin debilitar los controles que debe garantizar el Estado.