Hay al menos tres denuncias penales contra el Presidente por la colaboración del Gobierno argentino en la salida del dirigente brasileño hacia Estados Unidos. También quedaron bajo la lupa el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
El gobierno de Javier Milei quedó en el centro de un escándalo internacional tras facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Al menos tres denuncias penales apuntan contra el Presidente y otros funcionarios por su participación en el operativo que permitió al senador brasileño abandonar su país y pasar por la Argentina antes de continuar su viaje.
Las presentaciones judiciales buscan establecer las responsabilidades penales de quienes intervinieron en la maniobra. Entre las figuras denunciadas aparecen el encubrimiento, el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, la malversación de caudales públicos y el presunto tráfico ilegal de personas.
Además de Milei, las denuncias alcanzan al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al asesor presidencial Santiago Caputo, señalado por su presunto papel en la coordinación del operativo.
Tres denuncias contra el Gobierno
Dos de las presentaciones fueron radicadas en los tribunales federales de Comodoro Py. Una fue impulsada por Gabriel Solano, dirigente del Frente de Izquierda, y quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien solicitó a la fiscal Paloma Ochoa que evaluara si correspondía avanzar con la investigación. La segunda fue presentada por el diputado socialista Esteban Paulón y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, aunque se preveía que ambas actuaciones pudieran acumularse.
Por su parte, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia en los tribunales federales de Misiones, al considerar que esa jurisdicción debía intervenir por tratarse del lugar donde se produjeron los principales hechos cuestionados.
Las presentaciones ponen el foco en la intervención de funcionarios nacionales, el uso de recursos estatales para facilitar el traslado y las posibles irregularidades en los controles migratorios y fronterizos.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también advirtió sobre los alcances del DNU 366/25, que modificó procedimientos migratorios establecidos por la Ley 25.871 e incorporó nuevas causales de impedimento de ingreso y permanencia para extranjeros. El debate se centra en cómo se aplicaron esas disposiciones frente a la situación judicial de Bolsonaro en Brasil.
Vehículos oficiales y recursos públicos
Uno de los puntos centrales de la denuncia de Solano es la participación de agentes y vehículos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante el traslado de Bolsonaro. También se cuestiona la utilización de una camioneta con patente diplomática argentina para llevarlo hasta el aeropuerto.
La Dirección Nacional de Migraciones reconoció que Bolsonaro ingresó a la Argentina el 27 de octubre a las 22.50, por el paso fronterizo del puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. Viajaba acompañado por su esposa, Fernanda, y sus hijas Carolina y Luiza. El dirigente utilizó un pasaporte italiano, mientras que su familia presentó documentación brasileña.
Inicialmente, desde el Gobierno se había negado su ingreso al país. Horas después, Migraciones confirmó oficialmente el paso fronterizo y sostuvo que la documentación presentada era válida y que no existían impedimentos legales registrados para autorizar el ingreso.
Sin embargo, la situación judicial de Bolsonaro en Brasil y las restricciones vinculadas con sus pasaportes forman parte de los elementos que alimentan las denuncias. La exdirectora de Migraciones Florencia Carignano cuestionó la decisión política del Gobierno argentino de permitirle ingresar y facilitar su posterior salida hacia Estados Unidos.
Solano reclamó que se investigue el uso de recursos públicos para concretar el operativo y pidió que se identifique a todos los funcionarios de las áreas de inteligencia, seguridad y diplomacia que pudieron haber intervenido.
Santiago Caputo, señalado por la coordinación
El asesor presidencial Santiago Caputo también quedó bajo la lupa. Según las presentaciones y la información difundida sobre el episodio, un sector de la Casa Rosada le atribuyó un papel central en la maniobra.
Paulón pidió investigar su eventual presencia en Puerto Iguazú y sus contactos con los funcionarios y las personas involucradas en el traslado. Caputo, además, publicó cinco mensajes irónicos en la red social X en medio del escándalo.
Las denuncias reclaman reconstruir las comunicaciones y las decisiones que permitieron organizar el viaje, así como determinar quién impartió las instrucciones y qué organismos estatales participaron.
El episodio también abre interrogantes sobre las consecuencias diplomáticas de la operación y el posible impacto en la cooperación judicial entre la Argentina y Brasil.
El avión privado que esperaba a Bolsonaro
Otro de los ejes de las denuncias es el avión Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly, que permaneció en Puerto Iguazú a la espera de Bolsonaro durante más de 24 horas.
La aeronave había partido del Aeroparque Jorge Newbery rumbo a Misiones y aterrizó el lunes por la noche. La empresa habría iniciado los trámites aduaneros y migratorios para trasladar a cuatro pasajeros y tres tripulantes hacia Estados Unidos.
Mientras el avión permanecía en el aeropuerto, comenzaron a circular versiones sobre la presencia de Bolsonaro en la Argentina. La PSA sostuvo que la aeronave no había partido porque faltaban algunos pasajeros. También trascendieron versiones sobre la falta de autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y sobre la ausencia de registros oficiales del ingreso del senador por parte de algunas fuerzas de seguridad.
Las presentaciones judiciales también apuntan a los responsables de Baires Fly. La empresa está presidida por el empresario Luis Grande y tiene como cara visible a Sergio Mastropietro, procesado en una causa vinculada con presuntas maniobras de corrupción y lavado de dinero en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Mastropietro también mantuvo vínculos con Federico Machado, extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por delitos relacionados con lavado de dinero, narcotráfico y fraude. Machado había financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.
Los denunciantes reclaman esclarecer quién contrató y pagó el vuelo privado. Las primeras estimaciones situaron su costo en alrededor de 140.000 dólares y apuntaron a la posible intervención de un intermediario con sede en Estados Unidos.
Investigan un posible tráfico ilegal de personas
La denuncia presentada por Marcela Pagano pone especial énfasis en las condiciones en las que Bolsonaro y su familia ingresaron y permanecieron en territorio argentino, así como en los mecanismos que permitieron su posterior salida.
La legisladora pidió investigar un posible tráfico ilegal de personas a través de las fronteras, agravado por la eventual participación de funcionarios públicos. También planteó la posible facilitación de una permanencia irregular, el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el encubrimiento.
La presentación solicita preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del paso fronterizo y del aeropuerto, además de los registros migratorios, aeronáuticos y aduaneros que permitan reconstruir el recorrido de Bolsonaro.
El escrito advierte que los hechos podrían comprometer la soberanía argentina sobre el control de sus fronteras y las obligaciones de cooperación penal con Brasil, además de poner en cuestión el funcionamiento de los organismos federales encargados de los controles migratorios y aeroportuarios.
Las tres denuncias coinciden en un punto central: determinar qué papel desempeñaron Milei y los funcionarios de su Gobierno en una operación que permitió a un dirigente brasileño con causas judiciales en su país pasar por la Argentina y continuar su viaje hacia Estados Unidos.
La participación de organismos estatales, la utilización de vehículos oficiales y la contratación del avión privado son algunos de los elementos que deberán ser reconstruidos a partir de las pruebas solicitadas por los denunciantes.
El caso ya dejó de ser una controversia exclusivamente política: las presentaciones judiciales apuntan directamente a la responsabilidad del Gobierno argentino en la fuga de Flávio Bolsonaro y al eventual uso de la estructura estatal para concretarla.