La organización convocó a la movilización del 3 de junio y reclamó justicia por Agostina Vega y todas las víctimas de la violencia de género, en medio de fuertes cuestionamientos al Gobierno y al Poder Judicial.
El colectivo Ni Una Menos realizó este lunes una conferencia de prensa para convocar a la movilización que se llevará a cabo el próximo 3 de junio, desde las 17, frente al Congreso de la Nación, bajo la consigna “¡Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos!”. Aunque la marcha había sido definida en asamblea días atrás, las organizadoras señalaron que la convocatoria adquirió una urgencia especial tras el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.
Durante la presentación, referentes del movimiento afirmaron que buscan expresar una denuncia transversal frente a un escenario que consideran alarmante. “En la Argentina de hoy, bajo este Gobierno nacional y con situaciones similares en distintas provincias, la vida de las pibas parece importar cada vez menos. Eso es lo que estamos viendo”, sostuvieron.
Desde Ni Una Menos remarcaron que el crimen de Agostina no constituye un hecho aislado. Según indicaron, en el país ocurre un femicidio cada 31 horas, en un contexto donde, denunciaron, existe una fuerte responsabilidad estatal. En ese sentido, cuestionaron que el Gobierno continúe negando la existencia de los femicidios mientras, según señalaron, profundiza el ajuste y el desmantelamiento de políticas destinadas a prevenir y abordar las violencias por motivos de género.
La organización calificó el caso de Agostina como una muestra de una “desidia organizada desde el Estado”. Apuntó especialmente contra el accionar de la Justicia, al considerar que la búsqueda de la adolescente fue tardía y que no se activaron a tiempo los mecanismos de alerta disponibles.
Las referentes también criticaron la actuación del fiscal Raúl Garzón, a quien acusaron de no haber brindado explicaciones satisfactorias sobre el operativo de búsqueda y de haber minimizado la gravedad del caso. “Se perdió una oportunidad de transmitir un mensaje claro sobre el valor de la vida de una adolescente y la necesidad de actuar con rapidez ante una desaparición”, expresaron.
Para el colectivo feminista, el caso expone además profundas desigualdades sociales. Sostuvieron que la demora en la investigación estuvo vinculada a la condición de la víctima, una adolescente de un barrio popular, y denunciaron que persisten mecanismos institucionales que tienden a poner bajo sospecha a las propias víctimas en lugar de concentrar los esfuerzos en la búsqueda y protección.
En contraste, destacaron el rol de la militancia feminista, de la comunidad educativa y de distintos sectores sociales que impulsaron la visibilización del caso. Según señalaron, fueron esos espacios los que lograron instalar el debate público y exponer las falencias institucionales que rodearon la investigación.
Las organizadoras reclamaron además el restablecimiento y fortalecimiento de las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género, y exigieron al Gobierno que abandone los discursos que, a su entender, estigmatizan a mujeres y diversidades. “No queremos vivir en un país donde la vida de las pibas sea considerada descartable”, afirmaron.
La convocatoria concluyó con un llamado a participar masivamente de la movilización del próximo miércoles. “La bronca la llevamos a las calles. Estamos hartas. Nos organizamos porque la precariedad, el racismo y la misoginia siguen produciendo muerte. Exigimos justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que faltan”, señalaron.
Rechazo al proyecto sobre denuncias falsas
Las voceras de Ni Una Menos también expresaron su rechazo al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada sobre falsas denuncias. Según manifestaron, la iniciativa forma parte de una serie de medidas que, a su juicio, buscan desalentar las denuncias de violencia y restringir derechos conquistados por los movimientos de mujeres.
Durante la conferencia, las referentes vincularon el proyecto con otras decisiones oficiales, como los cambios impulsados en materia de Educación Sexual Integral (ESI) y la reducción de programas destinados a la prevención de las violencias.
Asimismo, cuestionaron el accionar de la Justicia en casos de violencia de género, al señalar que muchas veces actúa con rapidez frente a determinados hechos, pero no con la misma eficacia cuando se trata de proteger a víctimas en situación de riesgo. En ese marco, insistieron en que el caso de Agostina Vega evidencia graves fallas institucionales que deben ser revisadas.
Finalmente, advirtieron que iniciativas como la presentada por Losada podrían generar un efecto inhibitorio sobre quienes buscan denunciar situaciones de violencia, y reclamaron que el Estado garantice mecanismos de protección efectivos para mujeres, niñas y adolescentes.