En su última evaluación sobre la Argentina, el organismo advirtió deficiencias en los sistemas de control patrimonial de los funcionarios, señaló demoras en la publicación de declaraciones juradas y reclamó fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción.
El Fondo Monetario Internacional volvió a respaldar el rumbo económico de la administración de Javier Milei, pero aprovechó su última revisión del acuerdo con la Argentina para dejar una serie de observaciones críticas sobre la calidad institucional, la transparencia pública y el funcionamiento de los mecanismos de control del Estado.
Las advertencias quedaron plasmadas en el informe técnico difundido tras la aprobación de la segunda revisión del programa vigente, que habilitó un nuevo desembolso de fondos para el país. Si bien el organismo destacó los avances alcanzados en materia fiscal y macroeconómica, también expresó preocupación por distintas debilidades vinculadas con la gobernanza y la prevención de la corrupción.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al sistema de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. Según el diagnóstico elaborado por los técnicos del Fondo, persisten problemas en los procedimientos de verificación de la información presentada, así como demoras en la publicación de los datos y dificultades para garantizar una aplicación uniforme de las normas vigentes.
El informe señala que los mecanismos actuales presentan limitaciones para controlar de manera efectiva la evolución patrimonial de los funcionarios y advierte sobre niveles insuficientes de transparencia en la difusión de esa información. Para el organismo, estas falencias reducen la capacidad de supervisión y debilitan la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la rendición de cuentas.
Las observaciones adquieren especial relevancia en medio de la polémica generada en torno a la situación patrimonial de altos funcionarios del Gobierno. En las últimas semanas, distintos sectores opositores reclamaron una mayor transparencia respecto de la presentación de declaraciones juradas y cuestionaron la decisión oficial de extender los plazos para la entrega de documentación ante la Oficina Anticorrupción.
Además de las críticas al régimen patrimonial, el FMI recomendó reforzar los controles destinados a prevenir conflictos de interés y mejorar los instrumentos de supervisión dentro de la administración pública. El organismo también incluyó observaciones relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial, al que considera un componente central para fortalecer el marco institucional y la seguridad jurídica.
El informe generó repercusión porque se conoció pocos días después de que el propio Fondo destacara los resultados económicos obtenidos por el Gobierno en áreas como la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y la desregulación de distintos sectores de la economía. Sin embargo, el organismo dejó claro que esos avances no alcanzan por sí solos y que deben complementarse con mejoras concretas en materia de transparencia y control estatal.
Las advertencias también se producen en un contexto marcado por cuestionamientos recurrentes sobre la calidad institucional del país. Diversos indicadores internacionales han reflejado en los últimos años dificultades persistentes en materia de transparencia y percepción de la corrupción, una situación que, según el FMI, exige fortalecer los mecanismos de control y supervisión pública.
Si bien las observaciones no afectan el desembolso aprobado ni alteran las metas económicas acordadas con el organismo, el informe dejó en evidencia que el Fondo sigue de cerca no sólo la evolución de las cuentas públicas y las variables macroeconómicas, sino también la capacidad del Estado para garantizar estándares adecuados de transparencia, integridad y control institucional. En ese marco, las falencias detectadas en las declaraciones juradas y en las políticas anticorrupción quedaron entre los aspectos más sensibles señalados en la última evaluación sobre la Argentina.

