Tras ser sobreseído en la causa $LIBRA, Javier Milei apuntó con nombre y apellido contra periodistas que investigaron y cubrieron el caso, los calificó de «ensobrados y corruptos» y afirmó que «se tienen que quemar en la hoguera». Las declaraciones desataron un amplio repudio político y de organizaciones periodísticas, que advierten sobre el deterioro de la libertad de expresión y los riesgos de legitimar la violencia contra quienes informan.
El presidente Javier Milei volvió a cruzar un límite en su enfrentamiento con la prensa. Después de conocerse su sobreseimiento en la causa $LIBRA, el mandatario utilizó un discurso ante empresarios y referentes libertarios para atacar públicamente a periodistas que investigaron y difundieron información sobre el escándalo de la criptomoneda que él mismo había promocionado en sus redes sociales.
Lejos de limitarse a cuestionar las publicaciones o defender su actuación, Milei apuntó directamente contra Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes acusó de estar «ensobrados y corruptos». Luego lanzó una de las expresiones más preocupantes de su discurso: afirmó que quienes considera sus adversarios «se tienen que quemar en la hoguera».
No se trató de una discusión sobre el contenido de una noticia ni de una respuesta institucional a las preguntas planteadas durante una investigación. Fue el propio jefe de Estado quien eligió señalar públicamente a periodistas identificados con nombre y apellido, descalificarlos y recurrir a una imagen históricamente asociada con la persecución y el castigo.
Las palabras presidenciales no pueden analizarse como si fueran las de cualquier usuario de las redes sociales. Cuando quien habla ocupa la máxima responsabilidad institucional del país, sus expresiones tienen un peso particular y pueden contribuir a crear un clima de hostilidad contra quienes ejercen el periodismo.
Del insulto en las redes a la estigmatización pública
Los ataques de Milei contra periodistas no son un episodio aislado. Desde su llegada a la Casa Rosada, el Presidente convirtió las descalificaciones públicas contra comunicadores y medios críticos en una herramienta recurrente de confrontación política.
Los insultos, las acusaciones de operar contra el Gobierno y las descalificaciones dirigidas a quienes cuestionan su gestión forman parte de una dinámica que genera preocupación entre organizaciones dedicadas a defender la libertad de expresión.
Esta vez, sin embargo, el mandatario fue más allá de sus habituales publicaciones en redes sociales. Durante una cena organizada por la Fundación Faro, el espacio que conduce el referente libertario Agustín Laje, nombró directamente a periodistas y los vinculó con supuestas maniobras de corrupción. A continuación, habló de la necesidad de combatir a sus adversarios y utilizó la imagen de la hoguera para referirse a ellos.
La escena también dejó otra imagen preocupante: varios funcionarios y referentes del oficialismo fueron captados sonriendo o aplaudiendo durante el discurso. Entre los presentes estaban Karina Milei, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el titular de YPF, Horacio Marín, y el diputado Luis Petri.
La reacción de quienes acompañaban al Presidente expuso hasta qué punto los ataques contra la prensa se incorporaron a la dinámica política del oficialismo, incluso cuando las expresiones utilizadas generan cuestionamientos por su gravedad institucional.
El sobreseimiento no borra las preguntas sobre $LIBRA
El episodio se produjo después de que la Justicia dictara el sobreseimiento de Milei, de su hermana Karina Milei y de otros imputados en la causa vinculada con $LIBRA.
La controversia se remonta a febrero de 2025, cuando el Presidente promocionó en sus redes sociales una criptomoneda cuyo valor se disparó inicialmente y luego se desplomó, con pérdidas para numerosos inversores.
La decisión judicial cerró el proceso respecto de los acusados alcanzados por la resolución, pero no convierte retrospectivamente en ilegítimo el trabajo de los periodistas que investigaron el caso ni elimina el interés público de las preguntas que rodearon la operación.
Sin embargo, Milei reaccionó al fallo presentándose como víctima de una operación política y mediática. En lugar de limitarse a explicar su posición y responder a las críticas, volvió a cuestionar a los profesionales que cubrieron el expediente y dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales contra ellos.
Al día siguiente, en una entrevista con Radio Mitre, el mandatario insistió en que había sido perjudicado por la cobertura periodística y volvió a apuntar contra el diario La Nación y algunos de sus profesionales.
La secuencia es significativa: después de celebrar una resolución judicial favorable, el Presidente trasladó su ofensiva hacia quienes habían informado sobre la investigación. El mensaje que queda para el periodismo es inquietante: investigar al poder puede significar convertirse en blanco de una campaña pública de descalificación impulsada desde la propia Presidencia.
Repudio transversal: hasta sectores aliados cuestionaron a Milei
Las declaraciones provocaron reacciones en distintos espacios políticos, incluidos sectores que no forman parte de la oposición peronista.
La Unión Cívica Radical calificó los dichos presidenciales como hechos de «enorme gravedad institucional» y reclamó el fin de los ataques contra la libertad de expresión. Desde el PRO, el senador Martín Goerling consideró que las expresiones de Milei eran «un despropósito y una locura».
También hubo cuestionamientos desde el propio espacio libertario. La diputada Silvana Giudici defendió el papel del periodismo y sostuvo que la tarea de los comunicadores consiste en investigar, disentir y publicar información e ideas con absoluta libertad. En ese sentido, reivindicó a la prensa como un factor de equilibrio y contrapeso del poder.
Desde la oposición, dirigentes de la Coalición Cívica, Unión por la Patria y otros bloques también repudiaron las declaraciones. Las críticas coincidieron en un punto central: el Presidente no puede utilizar la autoridad de su cargo para estigmatizar a quienes cuestionan su gestión.
El rechazo no se limitó a la dirigencia política. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Academia Nacional de Periodismo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) expresaron su preocupación por el alcance de los agravios y sus consecuencias para el ejercicio del periodismo.
FOPEA y el CELS advierten sobre los riesgos para la libertad de expresión
FOPEA denunció una escalada de hostilidad presidencial contra la prensa y advirtió especialmente sobre la referencia a la hoguera. La organización señaló que este tipo de lenguaje representa un salto cualitativo en la agresividad del discurso oficial y puede legitimar la violencia contra quienes informan.
El CELS, por su parte, caracterizó las expresiones como parte de una escalada autoritaria y alertó sobre sus posibles consecuencias para la libertad de expresión.
Las advertencias no son menores. Los periodistas tienen derecho a investigar, publicar información de interés público y cuestionar a los funcionarios sin quedar expuestos a campañas de hostigamiento por el contenido de su trabajo.
La libertad de prensa no implica que los medios estén exentos de críticas, errores o cuestionamientos. Los funcionarios pueden refutar información, presentar pruebas y recurrir a las vías legales correspondientes cuando consideran que se vulneraron sus derechos. Pero esa posibilidad no justifica los insultos, la estigmatización ni el uso de expresiones que evocan castigos violentos contra profesionales identificados públicamente.
En una democracia, el poder debe estar sometido al escrutinio público. No al revés.
Un clima de hostilidad que preocupa al periodismo
El informe anual de FOPEA correspondiente a 2025 contabilizó 278 agresiones contra la prensa, la cifra más alta desde que la entidad comenzó su registro en 2008. Según ese relevamiento, 119 de los ataques registrados fueron protagonizados por Milei.
Los datos permiten dimensionar el contexto en el que se produjeron las últimas declaraciones presidenciales. No se trata solamente de un exabrupto aislado, sino de una confrontación reiterada entre el jefe de Estado y quienes cumplen la tarea de informar y controlar al poder.
A esto se suman los cuestionamientos públicos a periodistas durante sus viajes al exterior y las nuevas advertencias sobre posibles acciones judiciales contra quienes cubrieron la causa $LIBRA.
La preocupación central no es que un Presidente responda a las críticas: tiene derecho a hacerlo. El problema aparece cuando la respuesta consiste en señalar, insultar y desacreditar a periodistas ante una audiencia que incluye a funcionarios y militantes, en un contexto de creciente polarización política.
Las consecuencias de este clima no recaen únicamente sobre los profesionales mencionados. También afectan al resto del periodismo y pueden incentivar la autocensura, el temor a investigar asuntos sensibles y la hostilidad contra quienes publican información incómoda para el Gobierno.
La libertad de prensa no puede depender del humor del Presidente
La libertad de expresión y el derecho a buscar, recibir y difundir información son pilares de cualquier sistema democrático. La Constitución Nacional protege la publicación de ideas por la prensa sin censura previa y establece garantías fundamentales para el ejercicio de estos derechos.
El periodismo cumple una función esencial: investigar el uso de los recursos públicos, examinar las decisiones de los funcionarios, revelar posibles irregularidades y ofrecer información para que la sociedad pueda formarse una opinión propia.
Ninguna resolución judicial obliga a los medios a abandonar sus preguntas ni convierte en enemigos del Estado a quienes cubrieron una causa que involucró al Presidente. Tampoco habilita al Poder Ejecutivo a establecer qué periodistas merecen informar y cuáles deben ser castigados por sus publicaciones.
Milei puede cuestionar una nota, desmentir una acusación o defenderse judicialmente. Lo que no debería hacer es convertir el poder de la Presidencia en una plataforma para estigmatizar a quienes ejercen el derecho a informar.
Cuando el jefe de Estado habla de quemar en la hoguera a quienes considera sus adversarios, la discusión deja de ser una simple pelea entre el Gobierno y los medios. Lo que está en juego es el límite entre la crítica política y la legitimación de la violencia, entre el ejercicio del poder y el respeto por los derechos democráticos.
El sobreseimiento en la causa $LIBRA no le otorga al Presidente un certificado de inmunidad frente al periodismo. La investigación periodística no es un delito, la crítica no es una conspiración y los periodistas no tienen que rendirle obediencia al poder.
En una democracia, los funcionarios deben dar explicaciones ante la sociedad. Cuando, en lugar de responder, eligen convertir a quienes preguntan en enemigos públicos, la libertad de prensa deja de ser una discusión corporativa y se transforma en un problema que involucra a toda la sociedad.