Organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo ante la Justicia federal en La Pampa para suspender de manera inmediata la reforma de la Ley de Glaciares, recientemente sancionada por el Congreso y promulgada a fines de abril. La acción reúne más de 850.000 firmas y advierte sobre un retroceso en la protección ambiental y un riesgo directo para la seguridad hídrica del país.
La presentación fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace Argentina. El planteo sostiene que la nueva normativa vulnera el principio de no regresión ambiental y debilita el esquema de protección vigente desde 2010 para glaciares y ambientes periglaciales.
El expediente tramita ante un juzgado federal de La Pampa, una provincia que no posee glaciares pero que depende de cuencas hídricas originadas en la cordillera, donde se proyectan actividades mineras. Según las organizaciones, la reforma traslada a las provincias la definición de qué áreas deben protegerse, lo que en la práctica abriría la puerta a decisiones dispares sobre zonas clave de reserva de agua.
El eje del reclamo apunta a que la modificación normativa habilitaría potenciales desarrollos extractivos en regiones sensibles, con riesgo de contaminación y afectación de recursos hídricos estratégicos. Los demandantes remarcan que, si bien las provincias tienen dominio sobre los recursos naturales, la Constitución Nacional establece un piso mínimo de protección ambiental que no puede ser reducido por legislación inferior.
La reforma se inscribe en un contexto de impulso a la actividad minera y modifica una ley considerada pionera en la región, cuya validez ya había sido respaldada por la Corte Suprema en 2019. En paralelo, la normativa ya enfrenta otros cuestionamientos judiciales: la provincia de La Pampa presentó un amparo similar y en Santa Cruz la Justicia Federal ordenó suspender su aplicación de manera provisoria.
Con esta acción colectiva, las organizaciones buscan una medida cautelar que frene la implementación de la reforma en todo el país y, en una segunda instancia, su declaración de inconstitucionalidad. El nivel de adhesiones convierte al planteo en uno de los más masivos en materia ambiental de los últimos años y refleja la creciente tensión entre desarrollo económico y preservación de recursos naturales.
La Justicia aún no se pronunció sobre el pedido, que se suma a una serie de presentaciones que podrían definir un antecedente clave en la protección de los glaciares y las fuentes de agua en la Argentina.