La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a un reclamo del Sindicato de Peones de Taxis y ordenó al Gobierno porteño avanzar en la regulación de las aplicaciones de transporte de pasajeros. El fallo vuelve a poner en el centro una disputa que lleva años sin resolución entre el sector del taxi y las plataformas digitales.
La decisión fue adoptada por la Sala II del tribunal en el marco de una causa iniciada por el gremio contra el entonces Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, en la que se denunció la falta de un marco normativo específico para las apps. Los taxistas sostuvieron que plataformas como Uber o Cabify operan en condiciones de competencia desleal, al no estar sujetas —según su planteo— a las mismas exigencias que el servicio regulado de taxis.
En su resolución, la Cámara consideró que existe una omisión por parte del Estado porteño en el control y regulación de estas actividades, y le ordenó a la administración avanzar con medidas concretas para encuadrar el funcionamiento de las plataformas dentro de un esquema legal. El fallo abre la puerta a una eventual reconfiguración del sistema de transporte urbano en la Ciudad.
El conflicto entre el sector taxista y las aplicaciones no es nuevo. Desde hace años, los sindicatos reclaman igualdad de condiciones en materia de licencias, impuestos, tarifas y controles, mientras que las empresas tecnológicas sostienen que su modelo responde a nuevas formas de movilidad urbana y a la demanda de los usuarios. En distintos fallos previos, incluso, la Justicia llegó a cuestionar o declarar irregular el funcionamiento de algunas plataformas por incumplimientos normativos locales.
La reciente decisión no se limita al ámbito porteño: también podría tener impacto en otras jurisdicciones del país donde el debate por la regulación de las apps sigue abierto. Tras conocerse el fallo, referentes del sector taxista en distintas provincias comenzaron a reclamar medidas similares, advirtiendo sobre la caída de la actividad y la falta de controles efectivos.
En ese marco, la resolución judicial vuelve a presionar sobre las autoridades para definir un esquema regulatorio claro, en un escenario donde conviven modelos tradicionales de transporte y plataformas digitales que ya operan de manera extendida, pero aún en medio de un vacío normativo discutido.