La Justicia federal resolvió volver a prorrogar las restricciones patrimoniales sobre el ex diputado nacional José Luis Espert en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a transferencias cuya procedencia todavía no fue esclarecida y que estarían relacionadas con el narcotraficante Federico Machado, conocido como “Fred”.
La decisión fue adoptada por el juez federal Lino Mirabelli, titular del Juzgado Federal de San Isidro, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien solicitó extender por otros 90 días la inhibición general de bienes del economista. La medida también alcanza a su esposa, María Mercedes González; al hijo de ella, Manuel Iglesias; y a varias sociedades comerciales vinculadas al entorno familiar.
El expediente judicial se abrió tras detectarse una transferencia de 200 mil dólares que Espert habría recibido desde una empresa asociada a Machado. El empresario fue detenido y posteriormente extraditado a Estados Unidos, acusado de integrar redes vinculadas al narcotráfico, lo que encendió las alertas sobre el origen de los fondos que llegaron al dirigente político.
Los investigadores sostienen que ese movimiento podría no haber sido el único y analizan si existieron otras transferencias similares. En paralelo, la fiscalía intenta reconstruir el circuito financiero para determinar si hubo maniobras destinadas a ocultar el origen del dinero.
Prorrogan el congelamiento de bienes
La resolución judicial dispone mantener por tres meses más la inhibición general de bienes del exdiputado, lo que le impide vender, transferir o modificar propiedades, vehículos o activos financieros mientras avance la investigación.
La restricción también alcanza a distintas sociedades comerciales relacionadas con su entorno, entre ellas Varianza SA, El Encuentro de Castello SA, Quilaco SA y un condominio familiar. Según indicaron fuentes judiciales, la finalidad de la medida es evitar movimientos patrimoniales que puedan entorpecer la causa o dificultar la eventual recuperación de fondos si se comprobara su origen ilícito.
Uno de los elementos que pesó en la decisión judicial fue la detección de una extracción bancaria cercana a los 80 mil dólares realizada por Espert en los primeros momentos de la investigación, antes de que se dictara formalmente la inhibición de bienes. Hasta ahora, la Justicia no logró establecer cuál fue el destino final de ese dinero.
Para los investigadores, ese movimiento financiero contradice los argumentos que había planteado la defensa del dirigente, que había sostenido ante el juzgado que las restricciones patrimoniales le impedían afrontar gastos básicos. Desde la fiscalía señalaron que la posibilidad de retirar una suma de ese volumen pone en duda el cuadro económico que el propio imputado había presentado.
La investigación también puso bajo la lupa un fideicomiso denominado Costa Dunas, vinculado a un emprendimiento inmobiliario en las cercanías de Costa Esmeralda. Los investigadores sospechan que ese esquema podría haber sido utilizado para canalizar parte de los fondos bajo análisis.
En ese contexto, el juzgado dispuso además el embargo de 55 mil dólares que debían ser restituidos tras la exclusión de uno de los integrantes del fideicomiso, junto con otros 50 millones de pesos vinculados a operaciones financieras detectadas durante la investigación.
La cuenta sueldo y el avance de la causa
Como parte de la resolución, el juez Mirabelli ordenó también que los haberes que Espert percibía como diputado nacional fueran transferidos a una cuenta judicial. Además, dispuso el cierre de la cuenta sueldo que utilizaba, con el objetivo de evitar nuevos movimientos bancarios que pudieran interferir con el avance de la causa.
El expediente continúa en etapa de instrucción y la fiscalía intenta reconstruir el recorrido completo del dinero sospechado, así como posibles conexiones con actividades ilícitas.
El caso tuvo además derivaciones políticas. Espert había sido presentado como primer candidato a diputado nacional del espacio de Javier Milei en las elecciones de 2025, pero la difusión de la denuncia por su presunto vínculo con Machado terminó forzando su salida de la lista.
La decisión de apartarlo se tomó prácticamente sobre el cierre del proceso electoral. De hecho, la Justicia electoral no autorizó la reimpresión de las boletas, por lo que el nombre de Espert terminó apareciendo igualmente en los cuartos oscuros, aun cuando ya no integraba formalmente la oferta electoral del espacio libertario.
Mientras tanto, la investigación judicial sigue abierta y busca determinar el origen y el destino final de los fondos que hoy mantienen al exdiputado bajo la lupa de la Justicia.