La Justicia porteña consideró que los hurtos en eventos masivos son “riesgos previsibles” y ratificó que los organizadores deben garantizar la seguridad de los espectadores.
En un fallo de fuerte impacto para la industria del entretenimiento, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la condena contra Buenos Aires Arena S.A., administradora del Movistar Arena, y Trescientos Productora S.A. por el robo de un teléfono celular durante un recital de Ciro y Los Persas.
La sentencia establece un criterio relevante para los espectáculos masivos: los hurtos y robos en medio de grandes concentraciones de público no pueden ser considerados hechos imprevisibles o extraordinarios, sino riesgos propios de la actividad que las empresas organizadoras deben contemplar y prevenir.
Durante el juicio, tanto la productora como la administradora del estadio intentaron desligarse de responsabilidad. Entre sus argumentos, sostuvieron que el espectador se encontraba en medio de la multitud y había participado del pogo, por lo que el teléfono podría haberse caído o perdido. También afirmaron que habían cumplido con sus obligaciones al contratar personal de seguridad privada y agentes policiales.
Los jueces rechazaron esos planteos. Para el tribunal, la existencia de personal de seguridad no alcanza, por sí sola, para eximir de responsabilidad a las empresas cuando se produce un hecho que forma parte de los riesgos previsibles de un evento masivo.
Además, quedó acreditado que el espectador había ingresado al estadio con el teléfono celular. A esto se sumó la existencia de una causa penal paralela en la que habría un imputado identificado por el hecho.
Por ese motivo, la Justicia determinó que ambas empresas deben indemnizar de manera conjunta al damnificado. La condena incluye el valor actualizado del teléfono robado, la devolución del importe abonado por la entrada al recital y una suma adicional en concepto de daño punitivo por el incumplimiento del deber de seguridad.
El fallo marca un precedente relevante para la industria del entretenimiento: quienes organizan y administran eventos masivos no solo deben garantizar que el espectáculo se desarrolle, sino también adoptar medidas concretas para proteger a los consumidores frente a riesgos previsibles dentro del lugar.

