El poder de compra del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) acumula una caída cercana al 38% desde noviembre de 2023, de acuerdo con distintos estudios económicos. Mientras las centrales sindicales reclaman una recomposición que acerque el ingreso mínimo al costo de la canasta básica, el Gobierno continúa definiendo los aumentos por decreto ante la falta de consenso entre empresarios y trabajadores.
El deterioro del salario mínimo se convirtió en uno de los indicadores más significativos de la pérdida de ingresos de los trabajadores durante la administración de Javier Milei. Diversos informes elaborados por universidades, centros de estudios y organismos especializados coinciden en que el SMVM sufrió una fuerte caída en términos reales desde fines de 2023, profundizando una tendencia de largo plazo que ya venía afectando al mercado laboral argentino.
Según un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario mínimo perdió cerca del 38% de su capacidad de compra. En la misma línea, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sostiene que el ingreso mínimo atraviesa su nivel más bajo desde los años posteriores a la crisis de 2001.
Aunque el monto nominal del salario mínimo pasó de $146.000 en noviembre de 2023 a $328.400 en noviembre de 2025, la inflación acumulada durante ese período superó ampliamente el ritmo de los incrementos salariales. Mientras el SMVM aumentó un 124,9%, los precios acumularon una suba del 250,7%, provocando una fuerte caída del ingreso real de quienes dependen de este parámetro.
Los especialistas señalan que el retroceso actual resulta incluso más severo que el registrado en distintas etapas de gobiernos anteriores. Comparado con el pico de poder adquisitivo alcanzado en 2011, el salario mínimo actual se ubica aproximadamente un 64% por debajo. Algunas estimaciones indican que, si el deterioro acumulado desde entonces no hubiera ocurrido, hoy el ingreso mínimo debería rondar los $800.000 para conservar un nivel de compra similar.
Un Consejo del Salario sin acuerdos
La definición del salario mínimo se convirtió en una constante fuente de conflicto. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, las reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo suelen concluir sin consenso entre sindicatos y empresarios, dejando la decisión final en manos del Poder Ejecutivo.
La situación volvió a repetirse a fines de 2025. Tras una convocatoria oficial impulsada incluso por una resolución judicial que exigía el funcionamiento del organismo, las centrales sindicales reclamaron incrementos que acercaran el salario mínimo a los valores de la Canasta Básica Total, que ya superaba el millón doscientos mil pesos para una familia tipo.
Las propuestas gremiales planteaban llevar el SMVM a una franja de entre $553.000 y $736.000 para abril de 2026. En contraste, las cámaras empresarias ofrecieron aumentos mucho más reducidos, con un esquema gradual que apenas lo llevaría a $349.000 en ese mismo período. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, el Gobierno resolvió fijar los montos mediante la Resolución 9/2025.
Aumentos escalonados y nuevas pérdidas
La normativa estableció una serie de incrementos mensuales consecutivos. El salario mínimo pasó de $328.400 en noviembre de 2025 a $334.800 en diciembre y continuará aumentando de manera gradual hasta alcanzar los $376.600 en agosto de 2026.
Sin embargo, los economistas advierten que el incremento acumulado previsto para ese período apenas alcanza el 16,9%, una cifra que podría volver a quedar por debajo de la inflación proyectada. De hecho, durante 2025 el salario mínimo habría sufrido otra caída real cercana al 8,5%, ya que las actualizaciones nominales resultaron insuficientes para compensar la evolución de los precios.
Cada vez más lejos de la canasta básica
Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la creciente distancia entre el salario mínimo y el costo de vida. En noviembre de 2025, la Canasta Básica Total para una familia tipo superaba los $1,2 millones, por lo que el SMVM apenas alcanzaba para cubrir menos de un tercio de las necesidades básicas de un hogar promedio.
La brecha también se observa respecto de la Canasta Básica Alimentaria, que marca el umbral de indigencia y que ya se ubicaba por encima del medio millón de pesos. En otras palabras, incluso cubriendo únicamente la alimentación básica de una familia, el salario mínimo resultaba insuficiente.
El deterioro del ingreso se produce además en un contexto de debilidad del mercado laboral. Distintos informes registraron una reducción de más de 100.000 puestos de trabajo formales durante 2025 y una pérdida acumulada cercana a los 289.000 empleos respecto de los niveles existentes antes de la asunción de Milei.
La discusión sobre los salarios en dólares
Durante la apertura de sesiones ordinarias de 2026, el presidente sostuvo que su gestión había logrado “triplicar los salarios en dólares”. Si bien esa afirmación puede verificarse tomando determinados tipos de cambio como referencia, economistas y verificadores de datos cuestionaron el indicador al considerar que no refleja la capacidad real de compra de los trabajadores dentro del país.
Los especialistas sostienen que medir los ingresos exclusivamente en moneda estadounidense sin considerar la inflación local puede ofrecer una imagen distorsionada de la situación económica. Según distintas estimaciones, la mejora del salario promedio frente a la canasta básica fue considerablemente menor a la que surge de las comparaciones en dólares.
Con los aumentos ya definidos hasta mediados de 2026 y una inflación que continúa erosionando los ingresos, las perspectivas de recuperación del salario mínimo aparecen limitadas. Para los sectores sindicales, el SMVM ha dejado de cumplir la función que establece la Constitución Nacional de garantizar un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Entretanto, el debate sobre su actualización continúa siendo uno de los principales puntos de tensión entre el Gobierno, los gremios y el sector empresario.