Una presentación judicial busca determinar si alimentos adquiridos con fondos públicos para la Quinta de Olivos terminaron en un emprendimiento privado de catering relacionado con personas que trabajaban en la residencia presidencial. La denuncia apunta a exfuncionarios y plantea interrogantes sobre el destino de la mercadería y el posible uso de recursos estatales en eventos privados.
La denuncia fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano y señala a María Belén Agudiez, exsubsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia; a Osvaldo Sosa, exintendente de la residencia; y a Analía Agudiez, vinculada al emprendimiento gastronómico Pancitos Caseros.
La hipótesis presentada ante la Justicia es que parte de los alimentos comprados para abastecer la residencia presidencial podrían haberse utilizado en servicios privados de catering. Por el momento, se trata de una acusación pendiente de comprobación judicial: no está acreditado que la mercadería estatal haya sido desviada.
Compras millonarias y cantidades bajo la lupa
Uno de los puntos centrales de la presentación son los volúmenes de alimentos previstos en contrataciones estatales. Según la documentación citada por TN, una compra abierta contemplaba 29.505 kilos de carnes, pollo, cerdo, achuras y pescado para seis meses, distribuidos entre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
De ese total, 9.135 kilos estaban destinados a la residencia presidencial. La denuncia también cuestiona las cantidades previstas para determinados insumos de pastelería y reclama que se determine si guardaban relación con las necesidades reales del establecimiento.
Sin embargo, las cantidades incluidas en una contratación no prueban por sí mismas que todos los productos hayan sido comprados, entregados o utilizados, y mucho menos que hayan terminado en un negocio particular. Para establecerlo será necesario reconstruir las compras, las entregas y el destino efectivo de cada insumo.
Un catering privado y eventos masivos
La presentación también pide investigar la actividad de Pancitos Caseros, emprendimiento que habría prestado servicios gastronómicos en eventos realizados en marzo de 2024 en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA).
Entre los elementos mencionados figuran presupuestos de catering y documentación relacionada con servicios para espectáculos. La denuncia busca establecer quién contrató esas prestaciones, qué personal intervino, cómo se financiaron y si se utilizaron alimentos o recursos pertenecientes a la residencia presidencial.
El planteo incorpora, además, interrogantes sobre los vínculos entre personas relacionadas con la administración de Olivos y quienes habrían participado de esas actividades comerciales. Esos vínculos, por sí solos, tampoco demuestran que se haya cometido un delito.
Los vínculos políticos y administrativos
El caso involucra a personas que desempeñaron funciones en la estructura de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. María Belén Agudiez ocupaba una subsecretaría dentro de esa área y dejó el cargo en medio de los cambios administrativos en la Quinta de Olivos.
La denuncia abre una serie de preguntas sobre los controles internos, la administración de los bienes públicos y la eventual participación de personal estatal en actividades privadas. También plantea la necesidad de esclarecer si existieron responsabilidades administrativas o penales.
La controversia se produce en paralelo a la reorganización de la residencia presidencial y al desplazamiento de trabajadores, medidas que el Gobierno vinculó con cambios en la seguridad y la administración de Olivos.
Qué debe esclarecer la Justicia
La investigación deberá determinar si los alimentos fueron efectivamente entregados a la residencia, quién tuvo acceso a ellos y cuál fue su destino. También tendrá que establecer si personal estatal trabajó en eventos privados y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones y con qué recursos.
La cuestión de fondo es concreta: si se utilizaron bienes adquiridos con dinero público para beneficiar a una actividad comercial privada, deberá establecerse quiénes intervinieron y qué responsabilidades les corresponden.
La denuncia no equivale a una condena ni acredita por sí misma un desvío de fondos o mercadería. El esclarecimiento depende de la documentación, los registros y las pruebas que se incorporen al expediente judicial.
Fuente: TN y Chequeado, sobre la denuncia presentada por Marcela Pagano.