Mientras los problemas de higiene urbana se multiplican en distintos barrios de la Ciudad, desde la Auditoría General porteña volvieron a cuestionar el funcionamiento del sistema de recolección y la falta de controles sobre las empresas concesionarias por parte de la gestión de Jorge Macri.
La presidenta de la AGCBA, Mariana Gagliardi, advirtió sobre el deterioro cada vez más visible del servicio y cuestionó la respuesta oficial frente a una problemática que ya se convirtió en una de las principales preocupaciones de los vecinos.
“Mientras la basura se acumula y los reclamos por higiene crecieron un 69% en un año, Jorge Macri sigue sin resolver uno de los problemas que más afecta a los porteños”, expresó la titular del organismo de control a través de redes sociales.
El planteo surge en medio de un fuerte aumento de las denuncias vinculadas a la limpieza urbana. Según los datos difundidos, los reclamos pasaron de rondar los 30 mil mensuales a alcanzar picos cercanos a los 75 mil hacia fines de 2025. Actualmente, la higiene urbana se transformó en el principal motivo de contacto con el sistema 147 de la Ciudad.
Desde la Auditoría sostienen que el problema excede la acumulación de residuos en las calles y remarcan que existen fallas estructurales en el control de contratos millonarios que el Gobierno porteño mantiene desde hace años con las empresas encargadas de la recolección.
“Detectamos más de $57 mil millones en pagos mal imputados a empresas de recolección. Pero en vez de controlar a las empresas que no cumplen, el Gobierno porteño monta operativos mediáticos que solo afectan a los trabajadores de los barrios más vulnerables”, señaló Gagliardi.
Las críticas también apuntaron al megaoperativo realizado recientemente en villas de la Ciudad, donde participaron más de 1500 efectivos. Desde distintos sectores cuestionan que, mientras los problemas de basura continúan creciendo en toda Buenos Aires, el Ejecutivo priorice despliegues de alto impacto mediático en los barrios populares en lugar de reforzar los controles sobre las concesionarias del servicio.
El debate vuelve así a poner bajo la lupa un esquema de higiene urbana tercerizado desde hace más de dos décadas, que demanda cada vez mayores recursos del Estado porteño y continúa acumulando cuestionamientos por el deterioro del servicio y la falta de fiscalización efectiva.