Mientras el Gobierno nacional sostiene oficialmente que la pauta publicitaria estatal fue eliminada, en los hechos distintas empresas públicas y sociedades con participación estatal comenzaron a reactivar campañas de publicidad. Primero fueron YPF, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. Ahora se suma Correo Argentino, con una nueva campaña audiovisual que ya comenzó a difundirse en medios de alcance nacional y plataformas digitales.
El regreso de la publicidad de Correo Argentino abre una discusión que excede al contenido del aviso. La pregunta es otra: ¿quiénes reciben esa inversión y quiénes siguen excluidos?
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la pauta oficial de la Administración Central fue suspendida por decreto y posteriormente prorrogada. Sin embargo, esa suspensión no impidió que empresas estatales o con mayoría accionaria del Estado desarrollaran campañas institucionales o comerciales por fuera de ese esquema.
En ese contexto aparece la nueva publicidad de Correo Argentino, que promociona sus servicios y forma parte de una estrategia de comunicación de la empresa.
Lo que genera cuestionamientos en el sector de los medios es que, mientras estas campañas vuelven a ocupar espacios en grandes grupos de comunicación y plataformas nacionales, cientos de radios, canales de televisión y periódicos del interior del país continúan sin recibir ningún tipo de inversión publicitaria nacional.
La situación golpea especialmente a los medios locales y regionales, que históricamente utilizaron la pauta oficial como una herramienta para difundir campañas de interés público —vacunación, censos, prevención, trámites, servicios o programas estatales— además de representar una fuente complementaria de ingresos para sostener estructuras periodísticas en ciudades pequeñas y medianas.
El contraste resulta evidente. Mientras el Gobierno reivindica el fin de la pauta como una política de austeridad, distintas empresas públicas continúan contratando publicidad. La discusión, entonces, ya no parece ser si existe o no inversión publicitaria estatal, sino bajo qué criterios se distribuye y quiénes quedan afuera.
Especialistas en libertad de expresión sostienen desde hace años que la publicidad estatal debe asignarse con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. La Corte Suprema argentina también estableció en distintos fallos que, cuando el Estado decide invertir en publicidad, no puede hacerlo de manera arbitraria ni utilizar ese mecanismo para beneficiar o perjudicar medios según criterios discrecionales.
Hasta el momento no existe información pública que permita conocer con precisión cómo se distribuye la inversión publicitaria de empresas como Correo Argentino, YPF, Banco Nación o Aerolíneas Argentinas, ni cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar los medios donde aparecen estas campañas.
Mientras tanto, en el interior del país la realidad es muy distinta. Radios, diarios y canales locales siguen esperando una reactivación que nunca llega, pese a que son justamente esos medios los que mantienen una presencia cotidiana en comunidades donde muchas veces constituyen la única fuente de información local.
El debate vuelve a instalar una vieja pregunta sobre la comunicación pública: si el Estado decide volver a invertir en publicidad a través de sus empresas, ¿esa inversión debe concentrarse únicamente en los grandes medios nacionales o también debería contemplar un criterio verdaderamente federal que incluya a los medios locales de todo el país?