Ocurrió en Gonzalez Catán, partido de La Matanza, municipio gobernado por Fernando Espinoza. Dos de los principales acusados cuentan con antecedentes por homicidio y robos a camiones. La organización utilizaba matrículas y sellos de más de 50 profesionales para emitir documentación apócrifa.
Un amplio operativo policial permitió desarticular una organización dedicada al ejercicio ilegal de la medicina que operaba desde una clínica de González Catán. El establecimiento funcionaba bajo el nombre de “Argentina Salud”, pero, según la investigación judicial, era el centro de una red que utilizaba identidades profesionales robadas para atender pacientes, emitir certificados falsos y comercializar medicamentos de manera irregular.
La pesquisa determinó que la maniobra se habría desarrollado durante al menos cinco años. Como resultado de los procedimientos, seis personas fueron identificadas como integrantes centrales de la organización y otras 23 quedaron detenidas por su presunta participación en distintas actividades vinculadas a la estructura.
Entre los principales sospechosos figuran dos hombres con antecedentes penales por delitos graves, entre ellos homicidio y robos a camiones en rutas. Los investigadores sostienen que la banda empleaba sellos y matrículas pertenecientes a médicos reales para confeccionar certificados médicos falsificados y realizar trámites fraudulentos.
Además de la clínica, la organización habría administrado farmacias y servicios de ambulancia sin habilitación oficial. Todo el circuito funcionaba al margen de los controles sanitarios y administrativos correspondientes.
Según la investigación, más de 50 profesionales de la salud, principalmente de la Ciudad de Buenos Aires, fueron víctimas de la utilización ilegal de sus datos y credenciales.
La causa tomó impulso a partir de la denuncia realizada por la médica Robina Neira, quien detectó que se estaban emitiendo certificados con su sello profesional sin su autorización. Ese hallazgo permitió a la Justicia reconstruir el funcionamiento de la organización y avanzar con las medidas judiciales.
Los detenidos enfrentan acusaciones por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. Los investigadores no descartan que, a medida que se incorporen denuncias de pacientes atendidos por falsos profesionales, se sumen nuevas imputaciones por estafa y otros delitos.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez de Garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate, e incluyeron 13 procedimientos simultáneos en clínicas, consultorios y farmacias presuntamente vinculadas a la red.
Fuentes de la investigación señalaron además que la organización utilizaba vehículos con patentes adulteradas para algunas de sus actividades. Durante los operativos se secuestró documentación, equipamiento médico, medicamentos y otros elementos considerados de interés para la causa.
Las autoridades indicaron que en todos los lugares allanados se encontraron pruebas que respaldan las sospechas sobre el funcionamiento de la estructura delictiva, mientras continúa la investigación para determinar el alcance total de las maniobras y la cantidad de personas afectadas.