El sindicato de Pablo Moyano se movilizó contra los nuevos pliegos del servicio de higiene urbana, que no contemplan las indemnizaciones reclamadas por el gremio para el recambio de concesiones. El Gobierno porteño decidió no incluir el pago en los contratos que regirán desde 2028.
La disputa entre el Sindicato de Camioneros y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires volvió a escalar por la próxima licitación del servicio de recolección de residuos. El gremio reclama que los nuevos contratos contemplen el pago de indemnizaciones a los trabajadores cuando finalicen las actuales concesiones, un desembolso que estima en alrededor de USD 200 millones.
El conflicto se hizo visible este lunes, cuando trabajadores de las ramas de Recolección y Barrido se movilizaron para reclamar contra los nuevos pliegos del servicio de higiene urbana. La protesta coincidió con la audiencia pública en la que se analizaron los anteproyectos que definirán el funcionamiento del servicio durante el período 2028-2038.
La movilización fue encabezada por Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato, y por el secretario gremial Marcelo Aparicio. Aunque la convocatoria original apuntaba a la Legislatura porteña, la concentración finalmente se realizó frente a la sede de la Comuna 1, en Humberto Primo 250, donde el gremio presentó un reclamo formal.
Una indemnización millonaria en discusión
El reclamo está relacionado con un mecanismo aplicado históricamente en los cambios de concesión del servicio de recolección porteño. Cuando termina un contrato, los trabajadores son indemnizados y posteriormente continúan trabajando bajo la nueva concesionaria.
El esquema es conocido informalmente como “Ley Moyano”, aunque no se trata de una ley sancionada con ese nombre. Su aplicación fue incorporándose a los contratos y acuerdos vinculados al servicio a lo largo de distintas administraciones.
En el pliego actualmente vigente existe un apartado denominado “Indemnizaciones Finales”, que establece que, al terminar el contrato, deben calcularse las indemnizaciones correspondientes y que, una vez auditadas, el Gobierno porteño abona esos montos para que sean pagados a los trabajadores.
El problema es que el Gobierno de Jorge Macri no prevé mantener ese mecanismo en los nuevos contratos que comenzarán a regir una vez finalizadas las concesiones actuales.
El monto que Camioneros reclama ronda los USD 200 millones y alcanza a varios miles de trabajadores del sector. Distintas fuentes ubican la plantilla involucrada entre aproximadamente 6.000 y 7.000 recolectores y barrenderos.
El Gobierno porteño busca terminar con el esquema
La administración de Jorge Macri sostiene que las nuevas condiciones de contratación no contemplarán el pago de estas indemnizaciones.
El planteo oficial implica modificar un mecanismo que viene siendo aplicado desde hace años y que representa un costo significativo para las arcas porteñas cada vez que se produce un cambio en las concesiones.
En octubre de 2024 ya había existido una negociación entre la Ciudad y el gremio por este mismo tema. En aquella oportunidad se acordó no aplicar el pago reclamado en ese momento, a cambio de compensaciones destinadas a trabajadores próximos a jubilarse y a empleados con problemas de salud derivados de la pandemia.
Ahora, con una nueva licitación en marcha, el conflicto reaparece y el sindicato busca que el mecanismo vuelva a quedar contemplado en los contratos.
Camioneros amenaza con paralizar la recolección
El reclamo dejó de ser solamente administrativo. Pablo Moyano advirtió que, si el Gobierno porteño no acepta incluir las indemnizaciones, el gremio podría avanzar con medidas de fuerza.
En las últimas horas, Moyano llegó a amenazar con un paro total de la recolección de residuos en la Ciudad si no se contempla el pago reclamado.
La advertencia vuelve a poner sobre la mesa un conflicto que trasciende el monto económico. Por un lado, el sindicato busca preservar un mecanismo que considera parte de las condiciones laborales del sector. Por el otro, el Gobierno porteño intenta evitar que los próximos contratos reproduzcan un esquema que implica un desembolso millonario de fondos públicos.
Una licitación que definirá el servicio durante diez años
Los nuevos pliegos definirán las condiciones de prestación del servicio de higiene urbana para el período 2028-2038. La discusión sobre las indemnizaciones se desarrolla en paralelo con el proceso de licitación y la audiencia pública correspondiente.
El conflicto plantea, además, una pregunta de fondo: si los trabajadores continuarán desempeñando las mismas tareas y manteniendo sus puestos cuando cambien las empresas concesionarias, ¿corresponde que el Estado vuelva a pagar indemnizaciones por el cierre de cada contrato?
Esa es precisamente la discusión que enfrenta actualmente a Camioneros con el Gobierno porteño. Mientras el sindicato reclama mantener el mecanismo y advierte con medidas de fuerza, la administración de Jorge Macri busca que los nuevos contratos de recolección de residuos no contemplen el pago de los aproximadamente USD 200 millones reclamados.