El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se negó a declarar en la primera audiencia por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en el barrio Cardenal Samoré. La Justicia rechazó suspender el debate por una presunta incapacidad psíquica y resolvió avanzar con el proceso.
Ocho años después del crimen que conmocionó al barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano, Cristian “Pity” Álvarez finalmente se sentó en el banquillo de los acusados. En la primera audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro, el músico decidió no declarar y anticipó que lo hará “más adelante”.
Álvarez está acusado por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018. La acusación sostiene que el músico efectuó cuatro disparos contra Díaz en las inmediaciones del complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.
La primera jornada del debate estuvo marcada por el planteo de la defensa oficial para suspender el juicio. Los abogados argumentaron que Álvarez no cuenta con las facultades mentales necesarias para afrontar el proceso. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el tribunal luego de la oposición del fiscal Sandro Abraldes.
El fiscal sostuvo que determinadas conductas observadas en el músico no permiten, por sí solas, concluir que exista una incapacidad jurídica para ser sometido a juicio. En ese sentido, cuestionó que episodios como quedarse dormido o mostrarse desinteresado durante una audiencia puedan ser considerados equivalentes a una incapacidad procesal.
La fiscalía también puso el foco en las recientes apariciones públicas de Álvarez, entre ellas su presentación del 1° de agosto en The Roxy y otras entrevistas y actividades vinculadas con su carrera musical. Para la acusación, esos elementos constituyen indicios de que el músico conserva capacidad para comprender la realidad y participar del proceso judicial.
El tribunal, finalmente, consideró que el debate podía continuar y descartó que la realización del juicio representara, en las condiciones actuales, un riesgo que justificara su suspensión. También quedó planteada la imposibilidad de mantener indefinidamente paralizado el proceso por la negativa del acusado a realizar determinados tratamientos.
Durante la audiencia también se incorporaron al debate declaraciones previas de Álvarez. En ellas, el músico había relatado que el conflicto con Díaz se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes y por un supuesto robo de dinero. Según aquella versión, atravesó un estado de ansiedad y descompensación antes de efectuar los disparos que provocaron la muerte de la víctima.
Una causa paralela que terminó por prescripción
En paralelo al juicio por el homicidio, Álvarez fue absuelto por prescripción en una causa por privación ilegítima de la libertad, violencia y amenazas contra su representante y una amiga, ocurrida en 2016.
La decisión no implicó una declaración de inocencia sobre los hechos investigados, sino la extinción de la acción penal por el transcurso del plazo legal sin que se hubiera alcanzado una resolución definitiva. El caso vuelve a poner sobre la mesa una problemática recurrente de la Justicia: los procesos que se prolongan durante años hasta que el paso del tiempo termina impidiendo una definición judicial.
Adicciones, salud mental y abandono en el sur porteño
El caso de Álvarez también vuelve a poner en discusión una problemática que excede al expediente judicial: la relación entre consumos problemáticos, salud mental, violencia y ausencia de políticas de prevención sostenidas en los territorios más vulnerables.
El barrio Cardenal Samoré, ubicado en la Comuna 8, es nuevamente escenario de una tragedia que dejó una víctima fatal y una familia esperando justicia durante ocho años. El proceso judicial permitirá determinar la responsabilidad penal de Álvarez, pero difícilmente pueda responder por sí solo qué herramientas existían antes del crimen para intervenir frente a una situación atravesada por consumo problemático, deterioro de la salud mental y acceso a un arma de fuego.
El Estado no puede aparecer únicamente después de que ocurre una tragedia. La prevención de los consumos problemáticos, la atención territorial de la salud mental y las políticas de seguridad requieren dispositivos permanentes, especialmente en los barrios donde las situaciones de vulnerabilidad se acumulan y las respuestas institucionales suelen llegar tarde.
Ahora, el debate oral continuará con la declaración de testigos y la incorporación de las pruebas periciales. El objetivo inmediato será determinar la responsabilidad de Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz. Pero el caso también vuelve a dejar expuestas las consecuencias de un sistema que, durante años, no logró ofrecer respuestas suficientes frente a problemas que precedieron a la tragedia.

