Ravier admitió que el Gobierno retiene parte del impuesto a los combustibles y complicó a Caputo por el destino de los fondos

El vocero presidencial reconoció que Economía dispone de una parte de lo recaudado para “lograr el equilibrio fiscal”, pese a que el impuesto tiene una asignación específica vinculada al sistema vial. La revelación se produce en medio de una denuncia penal contra Luis Caputo por el manejo de esos recursos.

El vocero Adrián Ravier reconoció que el Ministerio de Economía no destina la totalidad de lo recaudado por el impuesto a los combustibles al mantenimiento de las rutas y que una parte de esos fondos es utilizada para “lograr el equilibrio fiscal”. La admisión vuelve a poner bajo la lupa al ministro Luis “Toto” Caputo y el manejo de recursos que cuentan con una asignación específica.

“No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas”, afirmó Ravier en una entrevista con El Diario de La Pampa.

“Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van”, agregó. Según explicó, el resto de los recursos es dispuesto por el Ministerio de Economía como “parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja”.

El problema para el Gobierno es que esos fondos no son de libre disponibilidad. El impuesto a los combustibles tiene una asignación específica vinculada al Sistema Vial Integrado, destinado al financiamiento de obras y al mantenimiento de la infraestructura vial. Por eso, la propia explicación de Ravier abre un interrogante central: ¿con qué fundamento legal Economía utiliza parte de esos recursos para atender el equilibrio fiscal?

La declaración del vocero adquiere todavía mayor relevancia porque se conoció apenas un día después de que La Nación revelara que el Gobierno había acumulado más de $1,5 billones en el fideicomiso y que, hasta fines de mayo, más de $1 billón permanecía colocado en inversiones financieras, entre plazos fijos y títulos públicos.

De acuerdo con ese informe, desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada la subejecución del Sistema Vial Integrado alcanza el 73,8%. El dinero que no fue destinado a las obras podría haber permitido intervenir entre 20.000 y 25.000 kilómetros de la red vial nacional, en medio de un deterioro que ya genera fuertes cuestionamientos de transportistas, gobernadores y usuarios.

La discusión por el destino del impuesto a los combustibles tampoco es nueva. Los gobernadores vienen reclamando desde hace tiempo que esos recursos sean utilizados para las rutas y llegaron a impulsar cambios en su distribución. Sin embargo, las negociaciones con la Casa Rosada terminaron frenando el avance de esas iniciativas mientras el deterioro de la infraestructura vial continúa profundizándose.

En este contexto, la diputada nacional Verónica Tolosa Paz presentó una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles.

La presentación alcanza al ministro Caputo, al secretario Legal y Técnico Juan Ignacio Stampalija, al secretario de Hacienda Carlos Guberman, a las autoridades de Vialidad Nacional y a los funcionarios del Banco Nación que hayan intervenido en su carácter de fiduciario.

Ahora, los dichos de Ravier podrían adquirir relevancia dentro de esa investigación. El vocero reconoció públicamente que una parte de los recursos recaudados mediante un impuesto con destino específico no estaría siendo aplicada al mantenimiento de rutas, sino que Economía la utiliza dentro de su estrategia de equilibrio fiscal. La Justicia deberá determinar si esa utilización se ajusta al marco legal vigente o si, como sostiene la denuncia, existió un desvío irregular de fondos públicos.

La declaración también vuelve a dejar a Caputo en una posición incómoda. No es la primera vez que Ravier genera un problema para el ministro con sus declaraciones. El mes pasado, el vocero afirmó que “es una posibilidad que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses”, una frase que generó repercusiones en el mercado y malestar dentro del propio Gobierno.

Esta vez, sin embargo, la cuestión es mucho más delicada: no se trata solamente de una definición política o económica, sino del reconocimiento público de que recursos cuya utilización está legalmente condicionada pueden estar siendo empleados con otro objetivo. Y esa admisión, inevitablemente, deberá ser analizada por la Justicia.

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