Una protesta convocada por Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) frente a la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en San Martín, terminó este miércoles con incidentes, personas heridas e intoxicadas luego de que efectivos de la Policía de la Ciudad avanzaran con gases y escudos para desalojar parte de la manifestación.
La movilización se realizó sobre la colectora de la avenida General Paz bajo la consigna de reclamar medidas urgentes para frenar el cierre de pequeñas y medianas empresas. Los organizadores denunciaron una “desindustrialización acelerada” y advirtieron que, desde la llegada del gobierno de Javier Milei, ya habrían cerrado más de 25 mil pymes en todo el país.
Desde temprano, unas 500 personas se concentraron en las inmediaciones del INTI. Participaron trabajadores del organismo, empresarios pyme, estudiantes, referentes de la CTA y sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros y Aeronáuticos. También estuvo presente el intendente de San Martín, Fernando Moreira.
El eje central del reclamo fue el pedido de declaración de una “emergencia económica pyme” y la exigencia de medidas para revertir la caída de la actividad industrial y del empleo.
La situación se tensó cuando los manifestantes desplegaron una bandera que cruzaba parte de la calzada y denunciaba el cierre de 25 mil pymes. En ese momento, efectivos de la Policía porteña avanzaron para despejar el carril, utilizando gas pimienta, empujones y escudos antimotines contra quienes participaban de la protesta.
El operativo abrió además una polémica por la jurisdicción del procedimiento. La protesta se desarrollaba sobre una colectora de General Paz correspondiente al partido bonaerense de San Martín, bajo jurisdicción provincial. Sin embargo, la intervención fue realizada por agentes de la Policía de la Ciudad, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad del despliegue.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que el operativo buscó impedir la visibilidad de la protesta y acusó al Gobierno nacional de sostener un modelo económico “a fuerza de represión”. Además, afirmó que el impacto sobre el empleo y la industria “ya es peor que durante la pandemia”.
Durante la jornada también se acercó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien intentó mediar en medio de los incidentes. Tras el operativo, responsabilizó directamente al Gobierno nacional por la situación económica y por el clima de conflicto generado durante la protesta.
“Este gobierno no tolera que industriales, trabajadores y estudiantes salgan a reclamar mientras destruyen la producción nacional con apertura indiscriminada de importaciones”, sostuvo el funcionario.
Los organizadores citaron datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para respaldar sus denuncias. Según señalaron, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se registraron 17 meses consecutivos de caída en la cantidad de empresas registradas. Además, afirmaron que durante la actual gestión ya desaparecieron más de 25 mil pequeñas y medianas empresas y se perdieron más de 300 mil empleos formales.
Desde distintos sectores industriales remarcaron que los rubros más afectados son el cuero, el textil, la indumentaria, el calzado, la construcción y el transporte, golpeados por la caída del consumo y la competencia importada.
El saldo de la jornada incluyó personas afectadas por la inhalación de gases y otras con golpes producto del avance policial. La conferencia de prensa prevista por ATE quedó suspendida y varios manifestantes debieron ser asistidos sobre la colectora.
El episodio volvió a poner en discusión el uso de las fuerzas de seguridad en protestas sociales y el creciente conflicto entre sectores sindicales, industriales y el Gobierno nacional por el rumbo económico y la crisis que atraviesa parte del entramado productivo argentino.