El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó que el cabo primero de la Gendarmería Nacional, Héctor Jesús Guerrero, sea enviado a juicio oral por su presunta responsabilidad en las graves lesiones sufridas por el fotorreportero Pablo Nahuel Grillo durante una manifestación de jubilados frente al Congreso, el 12 de marzo de 2025. La acusación incluye los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de función y abuso de armas en cinco oportunidades.
Según el requerimiento fiscal, el efectivo habría efectuado disparos con una pistola lanza gases de manera antirreglamentaria, en posición horizontal y sin justificación operativa, en un contexto en el que no existía una agresión que habilitara el uso de la fuerza. Uno de esos proyectiles impactó en la cabeza de Grillo, que se encontraba trabajando como fotorreportero en la cobertura de la protesta.
Las consecuencias del disparo fueron de extrema gravedad. El periodista sufrió fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica, lo que derivó en su inmediata internación en el Hospital Ramos Mejía y en múltiples intervenciones quirúrgicas. De acuerdo con la fiscalía, las secuelas incluyeron un severo deterioro cognitivo y posibles incapacidades permanentes.
En su dictamen, Taiano remarcó que al momento del hecho los manifestantes se encontraban en retirada, sin que existiera una amenaza actual o inminente que justificara la utilización del armamento. Bajo ese escenario, sostuvo que el accionar del imputado vulneró los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
El fiscal también destacó que Guerrero, integrante de una unidad especializada de la Gendarmería, contaba con formación y capacitación suficiente en protocolos de actuación, lo que refuerza —según su planteo— la gravedad del apartamiento de las normas. En ese sentido, descartó la hipótesis de un hecho imprudente y afirmó que el acusado se representó la posibilidad de causar un daño y aun así continuó con su conducta.
La acusación se apoya en registros audiovisuales, peritajes y documentación incorporada al expediente, además de una resolución previa de la Cámara Federal que confirmó el procesamiento del gendarme y consideró acreditada su intervención en los hechos.
Con este pedido, la fiscalía dio por concluida la etapa de instrucción y entendió que existen elementos suficientes para avanzar hacia un debate oral. La decisión final quedará ahora en manos del juez de la causa, que deberá resolver si el expediente se eleva a juicio.
El caso Grillo se convirtió en uno de los expedientes más sensibles en torno al uso de la fuerza en protestas sociales. La Justicia deberá determinar si el accionar del gendarme constituyó un exceso punible en el marco de una manifestación pública que terminó con un trabajador de prensa gravemente herido.