La investigación por enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un testimonio que agrega presión al expediente. Un contratista declaró ante la Justicia que habría recibido pagos en efectivo por un total de 245 mil dólares, sin facturación formal, por obras realizadas en una propiedad del funcionario en un barrio cerrado bonaerense.
El testigo, identificado como Matías Tabar, se presentó en tribunales federales y aportó documentación vinculada a los trabajos realizados, además de su teléfono celular, que será peritado para analizar las comunicaciones mantenidas en torno a la obra y los pagos. Según su declaración, el dinero fue abonado en distintas etapas y siempre en efectivo, una modalidad ahora bajo análisis judicial.
Las obras incluyeron refacciones de magnitud en la vivienda, con mejoras estructurales e instalaciones de alto costo, lo que elevó el monto total declarado. La Justicia busca determinar si esas cifras se corresponden con valores de mercado y si existió respaldo fiscal que justifique la operatoria.
El expediente forma parte de una línea de investigación más amplia sobre la evolución patrimonial de Adorni desde su llegada al Gobierno. En ese período se analizan adquisiciones de bienes, movimientos financieros y niveles de gasto que, según las actuaciones judiciales, generan dudas en relación con los ingresos declarados oficialmente. Esto derivó en presentaciones y reclamos de explicaciones por parte de la oposición.
Ante la difusión del testimonio, Adorni rechazó las acusaciones y sostuvo que ya brindó las aclaraciones correspondientes en sede institucional. Su entorno afirma que no existen inconsistencias en su situación patrimonial y que el caso responde a una interpretación errónea de la información analizada.
Mientras avanza la causa, la defensa del funcionario interviene en las diligencias ordenadas por la Justicia, que incluyen el análisis de la documentación aportada por el contratista y peritajes sobre los dispositivos secuestrados. El objetivo es reconstruir el circuito de pagos y establecer si hubo o no irregularidades.
Con la investigación en curso, el foco judicial está puesto en determinar si los movimientos económicos bajo análisis cuentan con sustento legal o si configuran un esquema de enriquecimiento sin justificación.

