Desde el DNU 70 hasta la última postergación en el Senado, el Gobierno acumuló cinco frenos en su intento por desmantelar la Ley de Tierras. Sin embargo, insiste con una reforma que eliminaría los límites a la compra de tierras por parte de empresas extranjeras, flexibilizaría la Ley de Manejo del Fuego y habilitaría desalojos exprés. El próximo intento será el 6 de agosto.
El gobierno de Javier Milei nunca ocultó su intención de avanzar sobre la Ley de Tierras Rurales. Su primer intento llegó con el DNU 70/2023, que buscó derogarla por completo. La iniciativa fue judicializada y la norma siguió vigente.
Desde entonces, el objetivo permaneció en la agenda oficial. Se incorporó al Consejo de Mayo y, en marzo de este año, el entonces vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la decisión de modificar la legislación para “levantar las restricciones de venta a extranjeros”. La propuesta terminó plasmándose en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el ministro Federico Sturzenegger.
Sin embargo, el recorrido legislativo estuvo lejos de ser lineal.
Como reconstruyó El Parlamentario, el proyecto ingresó a Mesa de Entradas el 27 de marzo y obtuvo dictamen el 20 de mayo, aunque nunca llegó al recinto. Recién el 4 de junio, tras seis modificaciones al despacho, el oficialismo intentó avanzar con su tratamiento, pero retiró el proyecto sin explicar los motivos.
Luego apostó a incluirlo en la sesión ordinaria del 18 de junio, pero el escándalo que involucró a Adorni volvió a modificar los planes. Días después, el Senado convocó a una sesión especial para debatirlo, que terminó frustrada por falta de quórum.
El quinto revés llegó este jueves 16 de julio. Con 62 votos, el Senado resolvió postergar el tratamiento hasta el 6 de agosto, una nueva demora para una iniciativa que el oficialismo considera estratégica.
La decisión llegó apenas horas después de que una bandera argentina en apoyo a la soberanía sobre las Islas Malvinas se exhibiera durante el partido entre Argentina e Inglaterra, pese a las restricciones impuestas para evitar manifestaciones vinculadas al reclamo argentino.
Extranjerización, especulación y desalojos
Aunque el proyecto sufrió cinco frenos consecutivos, el Gobierno mantiene intacto su objetivo. La iniciativa elimina artículos centrales de la actual Ley de Tierras para dejar sin efecto los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de empresas extranjeras.
Hoy la legislación establece un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Sin embargo, el Observatorio de Extranjerización de Tierras viene advirtiendo que ese límite ya es ampliamente superado en numerosos departamentos del país, especialmente en zonas donde se concentran recursos estratégicos como agua dulce, litio y otros minerales.
La reforma también traslada a las provincias la facultad de definir esos límites, debilitando el criterio nacional que rige desde la sanción de la ley.
Otro de los puntos centrales apunta contra la Ley de Manejo del Fuego. La normativa vigente impide modificar durante 60 años el destino de un terreno afectado por incendios, una herramienta diseñada para desalentar las quemas intencionales con fines inmobiliarios, turísticos o agropecuarios. El proyecto elimina esa restricción, habilitando nuevamente cambios de uso sobre tierras incendiadas.
Además, introduce modificaciones en el Código Procesal Civil y Comercial y en el Código Civil y Comercial para acelerar los procesos judiciales de desalojo mediante el trámite sumarísimo, lo que distintos sectores califican como un régimen de “desalojos exprés”.
“Tiene que ver con acelerar desalojos y quitar garantías a los inquilinos en los juicios por desalojo. Esto tiene correlato con la eliminación de toda regulación sobre los precios de los alquileres”, advirtió Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, durante un encuentro que reunió semanas atrás a referentes sociales, sindicales, académicos, religiosos, políticos y excombatientes de Malvinas para alertar sobre los alcances del proyecto.
“Muchos Lagos Escondidos”
En ese mismo encuentro, el historiador Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Extranjerización de Tierras, comparó la iniciativa con uno de los acuerdos más cuestionados de la historia argentina.
“En 1933 se firmó el convenio Roca-Runciman, al que Arturo Jauretche llamó el ‘estatuto legal del coloniaje’. Si esta ley avanza, creemos que estaremos frente a un nuevo estatuto legal del coloniaje”, sostuvo.
En la misma línea, la socióloga Julieta Caggiano advirtió que el verdadero debate excede la cantidad de hectáreas involucradas.
“Lo que está en discusión es si Argentina conservará herramientas para regular territorios estratégicos. Detrás de este proyecto hay una derogación de hecho de la Ley de Tierras”, afirmó.
Según explicó, actualmente existen más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, cerca del 5% del territorio nacional.
“Entonces, ¿por qué tanta insistencia en modificar la ley? Porque la presión está concentrada sobre reservas de agua, zonas de frontera y territorios con enorme valor estratégico presente y futuro. La discusión no es solamente cuántas tierras podrían venderse, sino cuáles.”
Por su parte, Alejo Fardjoume, trabajador de ATE Parques Nacionales, advirtió que la reforma también vacía de contenido la Ley de Manejo del Fuego.
“La modificación parece menor, pero no lo es. Forma parte de un proceso sistemático de desmantelamiento del Estado y de la soberanía”, afirmó.
Recordó que esa ley nació como respuesta al uso deliberado del fuego para expandir la frontera agropecuaria o habilitar desarrollos turísticos. Si la reforma prospera, ese resguardo desaparecería.
“Estamos al inicio de la creación de muchos Lagos Escondidos. Se está abriendo la puerta, desde la propia legislación, a una mayor pérdida de soberanía”, concluyó, en alusión al caso del magnate británico Joe Lewis y el acceso restringido al Lago Escondido, en la Patagonia.