El bloque de Unión por la Patria (UxP) presentó en la Legislatura de la Ciudad un pedido de resolución para citar a la Comisión de Ambiente a funcionarios del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, en el marco de la crisis que atraviesa el sistema de reciclado porteño por decisión del Ejecutivo.
La iniciativa reclama la presencia del ministro Ignacio Miguel Baistrocchi; el subsecretario de Higiene, Federico Luis Schaer; y el director general de Reciclado, Federico García Resta, para que brinden explicaciones sobre la suspensión del servicio de traslado a los recicladores urbanos, las denuncias de persecución a recuperadores independientes y el secuestro de herramientas de trabajo. También deberán informar sobre el estado de la reconstrucción del Centro Verde de Barracas, incendiado hace meses, y las medidas compensatorias adoptadas hasta su reapertura.
En los fundamentos, los legisladores advirtieron que la suspensión del servicio de traslado constituye un “recorte de un derecho laboral adquirido hace más de diez años”, que impacta de manera directa en las condiciones de trabajo de quienes cumplen un rol esencial en la gestión de residuos y el cuidado ambiental.
Asimismo, señalaron que la inactividad del Centro Verde de Barracas dejó fuera de funcionamiento un espacio clave para el circuito de reciclado, y que la ausencia de información oficial sobre el cronograma de obras y las medidas paliativas genera incertidumbre entre las cooperativas y los trabajadores afectados.
UxP también denunció “prácticas persecutorias” contra recicladores independientes, como el secuestro de carros y herramientas por parte de personal del propio Ministerio de Espacio Público, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de sectores ya golpeados por la crisis social y económica.
“Los trabajadores de la economía popular cumplen un papel indispensable en la vida urbana: sostienen el circuito del reciclado, contribuyen a reducir residuos y generan producción y comercialización de cercanía. Sin embargo, la gestión porteña insiste en precarizarlos, perseguirlos y negarles reconocimiento institucional”, expresaron los legisladores.
Por todo ello, concluyeron que resulta “imprescindible” la comparecencia de los funcionarios mencionados para dar explicaciones claras sobre las decisiones adoptadas, sus impactos sociales y las alternativas que el Gobierno de la Ciudad planea implementar.