El abrupto cierre del instituto privado Formar Futuro, en el barrio porteño de Villa Real, dejó sin vacante a más de 180 estudiantes y sin empleo a cerca de 50 docentes a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo. Frente a la conmoción generada en la comunidad educativa, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires intervino, inició acciones judiciales y puso en marcha un nuevo protocolo para prevenir cierres intempestivos en establecimientos de gestión privada.
Desde la cartera que conduce Mercedes Miguel señalaron que la prioridad fue asegurar la continuidad pedagógica. Según informó la funcionaria, los alumnos de 5° año y 7° grado ya fueron reubicados en otras instituciones, respetando la grupalidad y con acompañamiento personalizado a cada familia, en coordinación con la Dirección General de Educación de Gestión Privada.
El establecimiento proyectaba una matrícula de 186 alumnos para el ciclo 2026 y recibía subsidios estatales destinados al pago de salarios docentes. De acuerdo con el Gobierno porteño, las transferencias se realizaron en tiempo y forma, pero el salario de diciembre no fue abonado por la entidad propietaria. Ante esta situación, la administración local intimó al pago, suspendió futuras transferencias, abrió un sumario administrativo y presentó una denuncia penal. Posteriormente, la Justicia ordenó la clausura del colegio.
Como respuesta institucional, el Ministerio dictó la Resolución N.º 92, publicada el 22 de enero en el Boletín Oficial, que establece requisitos más estrictos para el cierre de escuelas privadas. La normativa exige que cualquier decisión de clausura sea comunicada con antelación, evaluada y autorizada por la Dirección General de Educación de Gestión Privada, y que previamente se garantice la reubicación de los estudiantes.
El nuevo protocolo también obliga a las autoridades escolares a advertir sobre eventuales “riesgos de continuidad” institucional, convocar a reuniones con familias y docentes y acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales. En el caso de establecimientos con aportes estatales, deberán presentar documentación que respalde el pago efectivo de salarios conforme a la normativa vigente.
El cierre generó protestas frente al edificio del colegio, donde la colocación de un cartel de “clausurado” y el retiro de la cartelería oficial encendieron las primeras alarmas entre padres y madres. Las familias denunciaron que los propietarios habrían cobrado matrículas correspondientes al ciclo 2026 y percibido fondos para salarios sin cumplir con los pagos al personal.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) acompañó el reclamo y confirmó que los haberes de diciembre no fueron abonados, pese a que la institución recibía un subsidio estatal del 80% para cubrir sueldos. Desde el Ministerio reiteraron que el último aporte fue transferido en enero y que el Estado cumplió con sus obligaciones.
La falta de comunicación de los responsables profundizó la crisis: tras anunciar el cierre, desactivaron la cuenta oficial de Instagram, aunque el sitio web permaneció activo. Incluso, el día previsto para rendir exámenes pendientes, algunos estudiantes manifestaron su intención de presentarse en la vía pública ante la ausencia de respuestas formales.
En un comunicado difundido el 26 de enero, los propietarios atribuyeron el cierre a una situación económica “insostenible”, vinculada —según señalaron— a juicios laborales, presión impositiva, incremento de costos, caída de matrícula, exigencias edilicias y dificultades para actualizar aranceles o acceder a financiamiento.
El Ministerio de Educación confirmó que el establecimiento recibía aportes para el pago de 47 docentes y, ante las irregularidades detectadas, se presentó como particular damnificado en la causa judicial. Por su parte, SADOP denunció a los directivos por presunta defraudación a la comunidad educativa y al Estado, al considerar que los fondos públicos transferidos tenían como único destino el pago de salarios.