El Gobierno de Jorge Macri desplegó nuevamente un megaoperativo simultáneo en 15 barrios populares de la Ciudad. Informó solo 17 detenidos y 192 vehículos secuestrados, mientras organizaciones barriales, vecinos y sectores de la oposición cuestionaron el procedimiento y plantearon dudas sobre sus resultados.
El Gobierno porteño volvió a desplegar un importante operativo policial en las villas y barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el nombre “Tormenta Negra 2”, unos 1.500 efectivos participaron de procedimientos simultáneos realizados en 15 barrios durante la tarde y noche del jueves.
Según informó oficialmente la administración de Jorge Macri, el operativo terminó con 17 personas detenidas y 192 vehículos secuestrados. También se realizaron controles sobre personas y vehículos, inspecciones comerciales y tareas de limpieza y recuperación del espacio público.
Los procedimientos se realizaron en la Villa 31, 21-24 y Zavaleta, La Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Barrio Mitre, Ciudad Oculta, Villa 20, INTA, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima.
17 detenidos y 192 vehículos secuestrados
De acuerdo con el balance difundido por el Gobierno porteño, de los 17 detenidos, 11 fueron acusados de comercialización de estupefacientes, tres por tenencia de drogas, dos por tentativa de robo y uno tenía un pedido de captura vigente.
En la Villa 31, además, las autoridades informaron el secuestro de 335 dosis de cocaína y pasta base, armas y dinero en efectivo. También se realizaron procedimientos vinculados con el robo de celulares y otros delitos.
La Agencia Gubernamental de Control inspeccionó 30 locales y dispuso la clausura de 12 establecimientos por distintas infracciones de seguridad e higiene. También se retiraron vehículos abandonados, chatarra y otros elementos de la vía pública.
El Gobierno de la Ciudad presentó el operativo como parte de su estrategia para reforzar la seguridad y recuperar el control del espacio público en los barrios populares.
Un operativo que vuelve a repetirse
La particularidad de esta segunda edición es que el despliegue se realizó sobre los mismos 15 barrios que habían sido incluidos en el operativo Tormenta Negra de mayo.
En aquella oportunidad también se movilizaron más de 1.500 efectivos y se realizaron controles de personas, vehículos, comercios y viviendas, además de procedimientos contra el narcotráfico.
La repetición del operativo abre, sin embargo, un interrogante sobre el alcance de este tipo de estrategias: si después de una primera intervención masiva es necesario regresar pocos meses después a los mismos barrios, ¿qué resultados permanentes está dejando la política de saturación policial?
El Gobierno porteño sostiene que se trata de una estrategia destinada a recuperar el orden y reforzar la presencia estatal. Pero organizaciones barriales y sectores opositores cuestionaron que los operativos de gran despliegue no estén acompañados por políticas de urbanización, vivienda y desarrollo social.
Críticas de vecinos y organizaciones
Tras el procedimiento aparecieron cuestionamientos de organizaciones que trabajan en los barrios populares.
Desde el Movimiento de Villas y Barrios Populares calificaron el operativo como un “fracaso” y cuestionaron el uso de recursos públicos para realizar despliegues policiales en lugar de destinarlos a obras de urbanización y vivienda.
También denunciaron situaciones de violencia y hostigamiento durante los procedimientos. Esas denuncias corresponden a testimonios de vecinos y referentes barriales y deberán ser contrastadas con las actuaciones oficiales y, eventualmente, con las investigaciones correspondientes.
LA NACION también informó que sectores de la Iglesia porteña manifestaron preocupación por la magnitud del operativo, particularmente por el despliegue simultáneo de unos 1.500 policías en los barrios populares.
Seguridad, orden público y una discusión que continúa
La administración de Jorge Macri sostiene que el objetivo de estos operativos es combatir el delito, recuperar espacios públicos y evitar que determinados sectores de los barrios populares sean utilizados para actividades ilegales. La Ciudad también señala que durante 2026 destinó una parte significativa de su presupuesto a seguridad.
Del otro lado, las organizaciones barriales cuestionan que la respuesta estatal se concentre en la presencia policial y reclaman políticas de urbanización, vivienda, trabajo y acceso a servicios básicos.
El resultado inmediato del operativo está cuantificado: 1.500 efectivos desplegados, 17 detenidos, 192 vehículos secuestrados y 12 locales clausurados, según las cifras oficiales.
La discusión que queda abierta es otra: si este tipo de megaoperativos logra reducir de manera sostenida el delito en los barrios donde se realizan o si, por el contrario, termina convirtiéndose en una intervención recurrente sin resolver los problemas estructurales que atraviesan a esas comunidades.