Sigue la crueldad del Gobierno: ahora los despidos llegan al INTI

Un decreto oficial dispuso la baja de 282 contratos de monotributistas antes del 30 de junio, mientras ATE advierte que en total podrían perderse hasta 700 empleos. Se registraron cortes en la avenida General Paz y protestas en varias provincias ante un plan de “centralización” del organismo.

El Ministerio de Desarrollo Productivo oficializó la baja de 282 contratos de monotributistas en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), programada para concretarse antes del 30 de junio, como parte de un ajuste presupuestario y de la reforma de su estructura interna.

Ante esta medida, el gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que la pérdida de fuentes de trabajo podría ascender a 700 en todo el país, cifra que incluye tanto el fin de contratos como la disolución de áreas claves de certificación y proyectos especiales.

Además, en la región patagónica ya se registra una caída de más del 35% del personal en sedes de Neuquén y Río Negro, donde el 80% del recurso humano del INTI se concentra, según denunció la jefa del departamento de proyectos del organismo.

Como respuesta, alrededor de 400 trabajadores cortaron la avenida General Paz a la altura de la calle Constituyentes, frente a la sede central de Villa Martelli, generando momentos de tensión con la policía y la activación del protocolo antipiquetes.

Desde el Ejecutivo, funcionarios de la Secretaría de Industria y Comercio defienden el decreto como un paso necesario para “optimizar recursos” y “evitar duplicaciones” en el organismo, aunque no han brindado detalles sobre planes de contención ni alternativas para los afectados.

Giselle Santana, referente de ATE y de la Asamblea Multisectorial del INTI, calificó la norma como un intento de “desguazar, vaciar y degradar” al instituto, advirtiendo que la centralización profundizará la pérdida de autonomía y el debilitamiento de las capacidades técnicas del Estado.

Los trabajadores mantienen asambleas permanentes en distintos puntos del país y exigen la derogación del decreto y la apertura de una mesa de diálogo que contemple la reincorporación de los contratos finalizados y la preservación de las áreas de certificación y desarrollo tecnológico.

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