La quinta Marcha Federal Universitaria terminó con un violento operativo de las fuerzas de seguridad. Los gases lacrimógenos alcanzaron el escenario, afectaron a trabajadores de prensa y llegaron hasta el interior del Congreso. Mientras se multiplican las denuncias por el accionar policial, también surgieron sospechas sobre la presencia de provocadores que habrían iniciado los disturbios para luego dar paso a las detenciones.
La defensa de la universidad pública volvió a encontrarse con una respuesta represiva del Gobierno de Javier Milei. Este jueves 15 de octubre, miles de estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y organizaciones sociales se movilizaron frente al Congreso para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, una jornada de reclamo que reunió a una multitud terminó atravesada por gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes, heridos y detenciones.
El operativo desplegado por las fuerzas federales convirtió las inmediaciones del Palacio Legislativo en un escenario de corridas y tensión. La violencia no quedó limitada al sector donde se registraron los enfrentamientos: los gases llegaron hasta el escenario del acto central, afectaron a manifestantes que intentaban retirarse y penetraron incluso en el anexo de la Cámara de Diputados, donde varios legisladores debieron recibir asistencia tras sentirse descompuestos.
La pregunta que dejó la jornada no se limita a quiénes arrojaron piedras contra el vallado. También apunta a la magnitud de la respuesta de las fuerzas de seguridad y a la responsabilidad política por un operativo que terminó afectando a personas que participaban de una movilización multitudinaria.
Una protesta por la universidad pública terminó bajo los gases
La convocatoria tenía un reclamo concreto: que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y cuya aplicación quedó en el centro de una disputa con el Poder Ejecutivo. La comunidad universitaria reclama recursos para sostener el funcionamiento de las instituciones, recomponer los salarios docentes y garantizar las becas y la continuidad de la investigación científica.
La movilización se desarrolló con una importante concurrencia, pese a la lluvia. Pero, minutos antes del acto central, comenzaron los incidentes en las inmediaciones del vallado que rodeaba el Congreso. Grupos de personas, algunas con el rostro cubierto, arrojaron piedras y otros objetos contra los efectivos y provocaron destrozos en bancos, baldosas y elementos del espacio público.
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La respuesta policial incluyó gases lacrimógenos, disparos de balas de goma y el avance de camiones hidrantes. Según las crónicas de Página/12 y otros medios, también hubo agresiones contra trabajadores de prensa que cubrían los acontecimientos.
El fotógrafo Guido Piotrkowski, de Página/12, denunció que un efectivo de la Policía Federal le disparó con balas de goma mientras realizaba su trabajo. El medio también informó sobre una trabajadora de prensa de un medio comunitario que debió ser atendida por heridas provocadas por múltiples impactos.
La existencia de incidentes no elimina la obligación de las fuerzas de seguridad de actuar conforme a la ley, con criterios de necesidad y proporcionalidad. Tampoco justifica que periodistas, manifestantes ajenos a los enfrentamientos o personas que buscan ponerse a resguardo queden expuestos indiscriminadamente a los efectos de los agentes químicos.
La denuncia sobre posibles infiltrados: una sospecha que exige respuestas
Uno de los aspectos más delicados de lo ocurrido fue la presencia de personas encapuchadas que, según denunciaron manifestantes y sectores de la comunidad universitaria, no formarían parte de las organizaciones convocantes.
El Destape publicó una crónica en la que describió la aparición de personas sin identificación y con el rostro cubierto en medio de una movilización que, hasta ese momento, había transcurrido sin incidentes de esa magnitud. La cobertura también recogió las sospechas sobre posibles infiltrados vinculados a las fuerzas de seguridad.
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La secuencia alimentó una denuncia de especial gravedad: que algunos individuos habrían provocado destrozos y arrojado objetos contra el cordón policial para generar un escenario de violencia que después sirviera de argumento para avanzar contra los manifestantes.
La hipótesis que circuló entre quienes participaron de la marcha va todavía más lejos: sostiene que esos supuestos provocadores podrían trabajar para el Gobierno o actuar en coordinación con sectores del aparato estatal, primero generando disturbios y luego facilitando la represión y las detenciones.
Por ahora, esa presunta vinculación con el Gobierno no está acreditada públicamente. Las imágenes de personas encapuchadas, por sí solas, no permiten establecer quiénes son, si pertenecen a alguna fuerza de seguridad ni quién podría haberles dado instrucciones. Precisamente por eso, la denuncia debe ser investigada y no descartada sin explicación.
Si existió infiltración policial o una operación deliberada para provocar incidentes, se trataría de un hecho de enorme gravedad institucional. Si no existió, las autoridades deberían aportar elementos verificables que permitan esclarecer lo ocurrido y evitar que las sospechas se conviertan en una acusación sin pruebas.
La cuestión central es determinar quién inició cada episodio de violencia, cómo actuaron los efectivos y si las detenciones estuvieron justificadas. Los registros audiovisuales, las cámaras de seguridad, la identificación de los participantes y las órdenes impartidas durante el operativo son elementos fundamentales para reconstruir los hechos.
Los gases también alcanzaron a quienes intentaban resguardarse
La represión no quedó circunscripta a la calle. El gas lacrimógeno ingresó al anexo de la Cámara de Diputados y afectó a legisladores que se encontraban en el edificio. Entre ellos, la diputada Cecilia Moreau debió recibir asistencia médica, según informó la prensa.
La situación volvió a poner en evidencia el alcance de un operativo cuyos efectos se extendieron más allá de los grupos que protagonizaban los enfrentamientos.
También hubo personas que buscaron refugio en establecimientos comerciales de la zona mientras avanzaban los gases y se multiplicaban las corridas. En ese contexto, se denunciaron efectos de los agentes químicos en espacios interiores, un aspecto que merece especial atención por la exposición de personas que no participaban de los incidentes.
El uso de gases en un área urbana densamente transitada plantea interrogantes sobre las precauciones adoptadas, las condiciones de dispersión y el riesgo para terceros. Los comercios, sus trabajadores y sus clientes no deberían convertirse en víctimas colaterales de un enfrentamiento callejero.
Detenciones y denuncias por el accionar policial
Las cifras difundidas durante la jornada variaron según la fuente y el momento de cada reporte. Página/12 informó sobre detenciones, incluidos dos adolescentes de 14 y 17 años, mientras que otros medios dieron cuenta de un balance de 31 personas detenidas y efectivos policiales heridos.
La Policía de la Ciudad informó sobre la detención de dos menores y cuatro adultos en el marco de los incidentes. Por su parte, las coberturas periodísticas documentaron denuncias sobre disparos contra trabajadores de prensa y personas heridas durante el operativo.
Cada detención debe ser examinada de manera individual. La participación en una protesta no constituye por sí misma un delito, del mismo modo que la comisión de actos violentos debe investigarse con pruebas y garantías judiciales. La presencia de menores detenidos, además, exige particular atención sobre las circunstancias del procedimiento y el respeto de sus derechos.
Las autoridades tienen la obligación de identificar a quienes hayan cometido delitos. También deben explicar las decisiones operativas, justificar el uso de la fuerza y garantizar que no se utilice la violencia para desalentar el ejercicio del derecho constitucional a la protesta.
El conflicto universitario sigue sin resolverse
La violencia frente al Congreso no puede separarse del conflicto que llevó a miles de personas a la calle. La comunidad universitaria reclama que el Poder Ejecutivo cumpla con la normativa de financiamiento y garantice los recursos necesarios para sostener la educación superior pública.
La movilización coincidió, además, con una jornada de tensión política en el Congreso, donde una sesión opositora no consiguió el quórum necesario para avanzar con el tratamiento del DNU 70/23.
En ese contexto, el reclamo universitario quedó atravesado por dos escenarios: la disputa institucional por el financiamiento de las universidades y el operativo de seguridad que terminó con gases, heridos y detenidos.
Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a quienes protagonizaron los disturbios y anticipó acciones judiciales. Pero la investigación no puede limitarse a identificar a quienes arrojaron piedras o provocaron destrozos: también debe establecer si hubo irregularidades en el accionar de las fuerzas y si se respetaron los derechos de quienes no participaron de los enfrentamientos.
Una pregunta que el Gobierno debe responder
La quinta Marcha Federal Universitaria dejó imágenes de una movilización masiva, un reclamo educativo que continúa sin solución y una intervención policial que terminó alcanzando a manifestantes, periodistas y personas que se encontraban dentro de edificios cercanos.
Las sospechas sobre posibles infiltrados agregan una dimensión todavía más grave. No alcanza con señalar a personas encapuchadas ni con atribuir responsabilidades políticas sin pruebas. Es necesario esclarecer quiénes protagonizaron los destrozos, qué vínculos tenían, cómo se desencadenó la respuesta policial y si hubo coordinación entre quienes provocaron los incidentes y quienes después efectuaron las detenciones.
La universidad pública reclamó financiamiento y el cumplimiento de la ley. La respuesta a ese reclamo no puede ser el silencio institucional frente a las denuncias ni una investigación que examine únicamente la conducta de los manifestantes.
Si hubo provocadores infiltrados, debe saberse quiénes eran y quién los respaldaba. Si hubo uso desproporcionado de la fuerza, también debe establecerse quién dio las órdenes y quiénes son responsables. En una democracia, ninguna de esas preguntas debería quedar sin respuesta.
Fuentes consultadas: El Destape, Página/12, LA NACION, Infobae y Agencia Noticias Argentinas. Las denuncias sobre infiltración y presuntos vínculos con el Gobierno se presentan como hipótesis pendientes de verificación, no como hechos judicialmente acreditados.