La Justicia Federal procesó, embargó y prohibió salir del país a tres militantes libertarios acusados de amenazar de muerte y secuestro a la periodista Julia Mengolini. El juez Sebastián Casanello consideró que los mensajes fueron “concretos, futuros, serios, graves y posibles” y advirtió que tuvieron capacidad suficiente para “amedrentarla y condicionar su actividad”.
Los acusados son Carlos Eguez, encargado de edificio, y los jóvenes Nahuel Orona y Aarón Tomás Espíndola, quienes, según consta en la causa, enviaron a Mengolini mensajes intimidatorios a través de redes sociales. Entre las amenazas investigadas aparecen frases como “te voy a secuestrar” y “vas a terminar con un balazo”.
El procesamiento fue dictado por el juez federal Sebastián Casanello a partir de una denuncia presentada por la periodista, en una investigación en la que intervino el fiscal Guillermo Marijuán.
La causa contó además con la participación de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Reporteros Sin Fronteras, que se presentaron como amicus curiae.
Casanello habló de amenazas “concretas” y “graves”
Al fundamentar los procesamientos, Casanello sostuvo que las expresiones investigadas no podían ser consideradas simples agravios o manifestaciones propias de una discusión política en redes sociales.
“Fueron amenazas concretas, futuras, serias, graves y posibles. No sólo demuestran que tuvieron la finalidad de infundir un temor en la periodista, sino que, además, revistieron la potencialidad suficiente para amedrentarla y condicionar su actividad”, sostuvo el magistrado en una resolución a la que accedió Tiempo.
Los mensajes provinieron de las cuentas de Instagram @rosarioesdecentral118895, atribuida a Espíndola; @eguezcarlosalberto, vinculada a Eguez; y @nahuel_orona, correspondiente a Orona.
Los tres fueron citados a indagatoria, pero se negaron a declarar. Luego de analizar las pruebas reunidas, el juez resolvió procesarlos y aplicarles una serie de restricciones mientras continúa la investigación.
A Orona y Eguez, Casanello los procesó por el delito de amenazas coactivas, mientras que a Espíndola le agravó la imputación debido al carácter anónimo de los mensajes, ya que habría utilizado una cuenta bajo una identidad que no correspondía con la suya.
La Justicia también puso el foco en el clima de violencia política
Uno de los aspectos más sensibles de la resolución está relacionado con el contexto en el que se produjeron las amenazas.
La UFEM y las organizaciones que participaron como amicus curiae señalaron como un elemento de especial gravedad institucional la posible existencia de una relación entre el discurso estigmatizante proveniente de sectores del poder político y la posterior multiplicación de ataques contra periodistas en redes sociales.
En ese sentido, habían advertido que “el discurso estigmatizante oficial actúa como un habilitador para que miles de cuentas anónimas multipliquen la violencia”, generando un clima que puede incrementar el riesgo de agresiones concretas contra quienes son señalados públicamente.
El planteo adquiere particular relevancia en el caso de Mengolini, quien durante los últimos años se convirtió en uno de los blancos frecuentes de los ataques del presidente Javier Milei en redes sociales.
De los ataques de Milei a las amenazas de sus seguidores
El enfrentamiento entre Milei y Mengolini no se limitó a una discusión política.
El Presidente dedicó numerosas publicaciones a cuestionar y atacar públicamente a la periodista, muchas de las cuales fueron posteriormente replicadas y amplificadas por cuentas vinculadas al universo libertario en redes sociales.
La escalada tampoco quedó circunscripta al ámbito digital: Milei también llevó a Mengolini a los tribunales a raíz de expresiones que consideró injuriosas.
En este contexto, las organizaciones que intervinieron en la causa plantearon que existe una diferencia entre la legítima confrontación política y la construcción sistemática de un clima de hostigamiento que puede terminar habilitando agresiones y amenazas contra una persona determinada.
La Justicia deberá determinar ahora qué responsabilidad penal corresponde a quienes enviaron los mensajes. Pero el expediente también vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia: hasta dónde llega la responsabilidad de quienes, desde posiciones de poder, convierten a periodistas y opositores en blancos recurrentes de ataques públicos, y qué ocurre cuando esa violencia discursiva es replicada por miles de usuarios anónimos.
El clima de hostigamiento contra Mengolini tampoco quedó circunscripto a las publicaciones del Presidente en redes sociales. Desde espacios de comunicación identificados con el universo libertario, como Carajo Stream, la periodista también fue convertida en blanco de fuertes cuestionamientos, descalificaciones y expresiones de marcado rechazo personal. La circulación de este tipo de contenidos contribuyó a instalar una imagen de Mengolini como una figura a combatir dentro del discurso de la militancia oficialista, en un contexto en el que posteriormente comenzaron a multiplicarse los mensajes intimidatorios y las amenazas que hoy son investigadas por la Justicia.
Millonarios embargos y prohibición de acercamiento
Además de los procesamientos, Casanello dispuso embargos por casi $50 millones para cada uno de los acusados, con el objetivo de garantizar las costas y eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso.
También les prohibió salir del país y acercarse a Mengolini y a sus familiares.
Los tres deberán, además, informar cualquier modificación de domicilio y comunicar previamente las ausencias de su lugar de residencia que superen las 48 horas.
La resolución representa un nuevo avance judicial frente a las amenazas contra periodistas en redes sociales y deja una advertencia concreta: el anonimato de una cuenta, la militancia política o el carácter virtual de una amenaza no convierten automáticamente al mensaje en una expresión impune. Cuando las amenazas son concretas y tienen capacidad real de intimidar, pueden convertirse en un delito.