El diputado nacional Horacio Pietragalla Corti intervino durante un operativo en el centro porteño para impedir que los efectivos le secuestraran la mercadería a un trabajador con discapacidad que vendía frutillas en la calle. El episodio reavivó las críticas a los procedimientos del Gobierno porteño contra quienes buscan ganarse la vida en el espacio público.
Un vendedor ambulante con discapacidad, su mercadería y un operativo policial. Esa fue la escena que desató un fuerte cruce entre el diputado nacional Horacio Pietragalla Corti y efectivos de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
El legislador de Unión por la Patria intervino cuando los agentes intentaban retirar los productos que el trabajador vendía en la vía pública. Frente al procedimiento, cuestionó el accionar policial y se negó a permanecer al margen mientras los efectivos avanzaban sobre la mercadería del hombre.
«A mí la gente me elige para defender a un compañero como el que está trabajando», expresó Pietragalla durante la discusión, en un episodio que quedó registrado en videos difundidos en las redes sociales.
El diputado también confrontó directamente a los agentes y les advirtió que, si pretendían detener al vendedor, debían llevárselo a él también. «Si me tenés que llevar en cana, me vas a llevar en cana. Pero soy diputado nacional y acá no te llevás nada», sostuvo.
Un operativo contra quien intenta ganarse la vida
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede el cruce entre un legislador y la Policía: ¿cómo se aplican los controles sobre la venta ambulante y qué sucede con las personas que dependen de esa actividad para sostener a sus familias?
En este caso, el trabajador vendía frutillas en la calle y, según señaló Pietragalla, tiene una discapacidad y necesita generar ingresos para mantener a sus hijos.
La intervención policial buscaba retirar la mercadería del vendedor. Para quienes dependen de la venta diaria, el secuestro de los productos representa mucho más que la pérdida de objetos: puede significar quedarse sin la posibilidad de trabajar y sin los ingresos necesarios para afrontar los gastos cotidianos.
El Gobierno porteño sostiene una política de control del espacio público que incluye operativos contra la venta ambulante. Sin embargo, estos procedimientos también abren interrogantes sobre la proporcionalidad de las intervenciones y el impacto que tienen sobre los sectores más vulnerables.
Mantener el orden en las calles no elimina la necesidad de considerar las condiciones sociales de quienes trabajan en ellas. Mucho menos cuando se trata de personas que encuentran en la venta informal una alternativa para subsistir.
La discusión terminó con el secuestro de la mercadería
Según informó El Destape, fuentes del Gobierno porteño señalaron que al vendedor se le labró un acta contravencional y finalmente se le secuestró la mercadería. Esas mismas fuentes afirmaron que el acta policial consignó presuntas agresiones verbales del diputado hacia los agentes.
Pietragalla, por su parte, sostuvo que intervino para evitar el secuestro de los productos y denunció que los efectivos reaccionaron de manera agresiva ante su reclamo.
Lo ocurrido deja una pregunta política y social que el Gobierno de la Ciudad no puede esquivar: ¿qué respuesta ofrece el Estado a una persona con discapacidad que intenta ganarse la vida vendiendo en la calle?
Porque detrás de cada operativo hay personas concretas. Y cuando el resultado es que un trabajador pierde la mercadería con la que busca alimentar a su familia, el debate sobre el orden público no puede separarse de la realidad económica y social.