A través de los decretos 345 y 346/2025, la gestión de Javier Milei impulsa la disolución de organismos históricos del ámbito cultural. El Instituto Nacional del Teatro pierde su autonomía y la CONABIP, fundada por Sarmiento, queda degradada. Artistas, legisladores y referentes culturales expresaron su repudio.
El Gobierno nacional oficializó su ofensiva contra la cultura a través de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) 345 y 346, que disuelven o degradan organismos clave como el Instituto Nacional del Teatro (INT) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y forma parte de un proceso de “reestructuración profunda” del Estado.
La oposición parlamentaria ya anticipó que buscará rechazar los decretos en el Congreso. Entre las voces críticas, la diputada Margarita Stolbizer fue contundente:
“Milei y su banda de iletrados quieren un país sin cultura, sin memoria, sin libros, sin teatros y sin historia. Pretenden convertir institutos nacionales en oficinas obedientes. La patria no se construye quemando bibliotecas ni callando teatros”.
El caso del Instituto Nacional del Teatro
Creado en 1997 por la Ley 24.800, el INT ha sido una pieza clave en el desarrollo del teatro argentino, especialmente en regiones donde el acceso a la cultura es desigual. Subsidiaba obras, giras, festivales, salas independientes, formación y sostenía un modelo federal y plural.
Desde principios de 2024, sus fondos están congelados, sus pagos adeudados y los programas paralizados. El DNU 345 termina de consumar su vaciamiento al eliminar su estructura autónoma y convertirlo en una simple “unidad organizativa” dentro de la Secretaría de Cultura. Además, se disuelve su Consejo de Dirección y la representación federal, reemplazándolos por un Consejo Asesor ad honorem.
Federico Brunetti, exsubsecretario de Promoción Cultural, fue designado como nuevo director del organismo, en reemplazo de Mariano Stolkiner.
Distintas voces del ámbito teatral advirtieron que el INT no solo financiaba proyectos, sino que garantizaba la existencia de un ecosistema teatral diverso, descentralizado y sostenido por políticas públicas. Su desmantelamiento pone en riesgo la supervivencia de cientos de salas, compañías y espacios culturales en todo el país.
CONABIP: otro pilar cultural degradado
La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870, también fue afectada. Su estatus institucional fue rebajado, y sus funciones serán absorbidas por estructuras menores bajo supervisión directa del Poder Ejecutivo, lo que implica una pérdida de autonomía y capacidad operativa. El recorte impactará directamente en más de 1.300 bibliotecas populares que dependen de su asistencia para sostenerse.
El contraste con el prestigio científico
Mientras el Gobierno argumenta la necesidad de reducir “estructuras innecesarias”, en paralelo se conoció que el CONICET fue nuevamente reconocido por el ranking internacional Scimago como la institución científica pública más prestigiosa de América Latina. Sin embargo, el Ejecutivo también avanza con reformas que buscan reemplazar la carrera de investigador por contratos temporales, supeditar la investigación al interés comercial inmediato y excluir a las ciencias sociales.
Repudio desde el mundo cultural
Durante la entrega de los premios Martín Fierro, el actor Gabriel “Puma” Goity —al recibir la estatuilla de oro— expresó su rechazo al vaciamiento del INT:
“Si no hay cultura, salud ni educación digna, es muy difícil pensar en libertad”, sostuvo.
Las críticas se suman a una larga lista de rechazos por parte de artistas, colectivos culturales, universidades y sectores sociales que advierten sobre una política sistemática de desmantelamiento del sistema cultural público.
La justificación oficial
Desde el Gobierno explicaron que los DNU 344, 345, 346 y 347 forman parte de una reforma estructural que afecta a más de 40 organismos públicos. Según el texto oficial, el objetivo es “reducir duplicaciones, eliminar gastos superfluos y poner fin a décadas de despilfarro”.
El argumento se basa en que desde 1983 la cantidad de organismos descentralizados creció un 150% y hoy representan casi la mitad del personal de la Administración Pública Nacional. Solo en estos entes hay más de 5.600 unidades organizativas y cerca de 700 autoridades superiores.
Un modelo de Estado en disputa
La avanzada del Gobierno sobre la cultura vuelve a poner en debate el modelo de Estado que se busca construir. Para muchos, el desfinanciamiento y la eliminación de políticas públicas culturales no representan eficiencia, sino un retroceso en términos de acceso, diversidad y desarrollo federal.