Frente al costo político del aumento, senadores de La Libertad Avanza apelaron a un anuncio de donaciones que despertó críticas por su tono demagógico y la falta de precisiones.
En medio de una crisis asfixiante, con el INDEC confirmando una nueva caída del salario real y una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 4,2% desde septiembre, la casta política vuelve a exhibir sus privilegios. Antes de iniciar su receso invernal —un lujo que la mayoría de los trabajadores no puede darse—, los senadores nacionales fueron beneficiados con un nuevo incremento que llevará sus dietas brutas a casi $12 millones a partir de agosto.
Un aumento millonario frente a una realidad insostenible
El incremento contrasta brutalmente con la situación que atraviesa la inmensa mayoría de la población. Mientras las jubilaciones apenas alcanzan para sobrevivir y el Gobierno busca avanzar con la reducción del programa Volver al Trabajo —un subsidio de apenas $78.000 que, en muchos casos, constituye el único ingreso de una familia—, la crisis social se profundiza.
La mitad de los trabajadores se encuentra en la informalidad o la precariedad laboral, millones de familias están ahogadas en deudas y la recesión obliga a muchos a tener más de un empleo para llegar a fin de mes.
En este contexto, los senadores aparecen como uno de los pocos sectores que logran ganarle sistemáticamente a la inflación.
¿Cómo funciona el mecanismo que aumenta sus dietas?
El nuevo salto en las dietas es consecuencia del polémico mecanismo de enganche automático vigente en la Cámara alta desde abril de 2024. A través de este sistema, cada vez que se actualizan los salarios de los empleados legislativos mediante paritarias, también aumenta, en la misma proporción, el valor de los “módulos” que componen la remuneración de los senadores.
El último acuerdo paritario firmado por los gremios APL, ATE y UPCN estableció un incremento acumulado del 6,6%, distribuido en tres tramos correspondientes a junio, julio y agosto.
Como resultado, la remuneración de los senadores se calcula sobre una base de 2.500 módulos por dieta, a los que se suman otros 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo. Además, perciben una decimotercera dieta anual en concepto de aguinaldo. Con la actualización, sus ingresos brutos treparán a casi $12 millones mensuales.
Dicen que renuncian al aumento, pero votan el ajuste
Ante el inevitable repudio que generan estas cifras, no tardaron en aparecer las puestas en escena de los distintos bloques. Senadores de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR anunciaron que renunciarán al incremento o que donarán parte de sus ingresos, en un intento por despegarse del costo político de una decisión que los beneficia directamente.
Pero, más allá de los gestos individuales y de las operaciones de legisladores que exhiben viajes de lujo mientras el país se hunde en la crisis, el problema de fondo permanece intacto.
Cuando la Cámara Alta retome su actividad tras el receso, su agenda estará atravesada por nuevas medidas de ajuste que recaerán sobre las mayorías trabajadoras. Por eso, para terminar de una vez con este régimen de privilegios, no alcanzan las renuncias voluntarias ni las donaciones anunciadas para la tribuna.
La discusión es otra: ningún funcionario debería cobrar salarios de privilegio mientras millones de trabajadores y jubilados no llegan a fin de mes. Es urgente terminar con una política convertida en negocio y establecer que quienes ocupan cargos públicos cobren como una directora de escuela, no como una casta separada de la realidad del pueblo trabajador.

